Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, aseguró que la pandemia del coronavirus tomó por sorpresa a los países del mundo, lo que no les permitió la aplicación de un plan piloto para la impartición de justicia y dijo que República Dominicana tampoco estuvo exento a ello.
Al comparecer en la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema con motivo al Día del Día del Poder Judicial, dijo que "los sistemas de justicia en todo el mundo han sido golpeado por la pandemia. No hubo recursos adicionales ni tampoco tiempo para capacitar al personal o establecer un plan piloto".
Agregó que pese a la situación el órgano cumplió su rol y fue capaz de ¨dar continuidad a todos los procesos judiciales en el país.
El acto se efectuó con la presencia del presidente Luis Abinader.
Discurso completo
Poder Judicial
República Dominicana
En nombre de la República
Suprema Corte de Justicia
Discurso del Juez Presidente
Luis Henry Molina Peña,
con ocasión del Día del Poder Judicial
Ciudadano Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Autoridades constitucionales de la Nación, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, Integrantes del cuerpo diplomático, Conciudadanos.
Ninguno de nosotros podía anticipar lo que poco después, enfrentaría el planeta. Desde la fiebre amarilla o la gripe española la humanidad no había sido víctima de una catástrofe sanitaria de la magnitud de la que hemos estado viviendo.
Con recursos muy superiores a los nuestros, las principales potencias del mundo experimentan pérdidas de vidas, confinamientos, colapso de sus sistemas y agotamiento de sus recursos sanitarios. Toda América Latina vive la urgencia de proteger a su población de la enfermedad, mientras las economías se desmoronan y las familias luchan por conseguir el alimento diario.
Teníamos la certeza de contar con un norte claro: un plan de transformación integral de gran impacto, fruto del consenso y el trabajo de mucha gente a lo interno y externo del Poder Judicial. Como es natural, la agenda propuesta en enero de 2020 para enfrentar asuntos esenciales de la justicia dominicana ha debido adaptarse a esta realidad.
Todo el país, cada una de sus autoridades y líderes, comenzando por el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, el Gabinete de Salud, así como cada ciudadana y ciudadano, han debido cargar sobre sus hombros con responsabilidades inconmensurables.
En señal de respeto hacia quienes han caído víctimas de esta cruel enfermedad y sus familias, así como de admiración por todo el personal de salud y seguridad, solicito un momento de silencio.
2. La pandemia y su impacto en el mundo y la República Dominicana
Los sistemas de justicia en todo el mundo han sido golpeados por la pandemia.
Como explicaba en marzo pasado el Juez Presidente de Singapur, Sundaresh Menon, “el reto para la judicatura es sostener el sistema de justicia a la vez que proteger a sus usuarios, tanto como sea posible, de los riesgos de contagio y transmisión”.
Italia experimentó el cierre total de los tribunales. La Corte de Casación francesa suspendió los procedimientos no esenciales. El Tribunal Supremo del Reino Unido desarrolló atención exclusivamente virtual. En nuestra región, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México, entre otros, suspendieron las audiencias presenciales y se vieron forzados a sustituirlas por audiencias virtuales.
Se preguntarán ustedes entonces, ¿cómo ha respondido el sistema judicial dominicano a esta crisis sin precedentes? ¿Ha podido la justicia dominicana cumplir sus funciones en condiciones tan extraordinarias?
Con humildad, pero con enorme orgullo a la vez, puedo decirles que he sido testigo de la forma en que cada mujer y hombre que cumple una función en nuestro Poder Judicial, desde las más modestas hasta las de mayor responsabilidad, ha puesto todo de sí para asegurar la continuidad de la administración de justicia.
Lo que ha estado en juego en este tiempo es mucho más que la operación de una plataforma tecnológica, o la apertura de una secretaría o un tribunal en particular. Hemos tenido que atender al riesgo del colapso completo del sistema debido al confinamiento obligado y la pandemia.
La magnitud del esfuerzo que hemos llevado a cabo, como ha ocurrido en la inmensa mayoría de los poderes judiciales del mundo, no tiene precedentes.
No hubo recursos adicionales, ni tiempo para capacitar en profundidad al personal, ni oportunidad para desarrollar programas piloto.
Apremiados por la amenaza de ver interrumpida la administración de justicia, pusimos en marcha un sistema de emergencia, basado en soportes digitales, que nos permitió no solo continuar nuestras labores mediante teletrabajo, sino celebrar audiencias aun cuando las personas no podían moverse a los tribunales o estaban fuera del país. También, posibilitar el depósito de documentos y llevar a cabo diligencias indispensables para el cumplimiento de nuestra tarea.
Lo que en circunstancias normales habría tomado años debió ser realizado en meses, incluso semanas.
Nadie puede sorprenderse de que hayamos enfrentado grandes dificultades y cometido múltiples errores. ¿De qué otra manera podría ser?
La Justicia dominicana ha tenido que esforzarse mucho, poner energía y corazón para responder a la situación. Las capacidades tecnológicas del país no son óptimas. La brecha digital es una realidad que se expresa no sólo en el desigual acceso a tecnología, sino también en el déficit en entrenamiento digital de todo el ámbito judicial, en nuestros equipos, en los abogados y en los usuarios. No siempre logramos informar y comunicar adecuadamente los cambios, que se producían con la velocidad y profundidad que eran necesarios.
Estamos conscientes de esta realidad y somos sensibles a ella. Lo hemos dicho en el pasado. Hemos procurado mitigar sus efectos. No siempre lo logramos.
Pero fuimos capaces de dar continuidad a la administración judicial en todo el país, pese a la complejidad de la organización judicial dominicana, hasta lograr la reactivación escalonada de los servicios ordinarios, cumpliendo los protocolos sanitarios.
Hoy afirmo, ¡en nombre de la República!, que en esta hora excepcional todo el Poder Judicial ha cumplido con su mandato constitucional, asegurando la continuidad de la administración de justicia, garantizando la independencia de cada jueza y cada juez y protegiendo los derechos fundamentales de la población. A juicio nuestro, en estas circunstancias, el Poder Judicial ha cumplido.
Nada de lo logrado habría sido posible sin el fuerte compromiso de juezas y jueces, el sentido de su misión, y su trabajo, que ha perfilado un modelo de gestión en situaciones adversas.
Ha sido un esfuerzo colectivo sin precedentes, que además de las y los magistrados, ha contado con todos los servidores judiciales, las áreas de apoyo y administrativas. Han dado lo mejor de sí para mantener la institución en pie.
Con satisfacción, puedo informar a ustedes que el compromiso de esta Suprema Corte de Justicia por vencer la mora o retardo judicial comienza a dar frutos.
Hoy puedo señalarles que este tribunal ha cumplido el objetivo de despachar más casos de los que recibe. Nuestro coeficiente de solución es positivo, lo que es indispensable para asegurar la culminación oportuna de los procesos que son sometidos. Conforme a datos de la Secretaría General de este Tribunal, entre junio de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron a tramitación 8,304 nuevos recursos. En el mismo período la Suprema Corte falló 11,637 casos.
En este Tribunal, la incorporación de la firma electrónica hizo posible la realización de 47,863 trámites y certificaciones entre los meses de abril y noviembre. Alrededor de 16 mil documentos han sido firmados electrónicamente cada semana en todos los tribunales a nivel nacional, sin los cuales los procesos asociados se habrían visto detenidos o atrasados en espera de la recuperación de la plena normalidad.
En la misma Suprema Corte, durante el año que terminó, la Tercera Sala resolvió todos los expedientes en estado de perención y caducos que se encontraban a su cargo. Se conformó una Terna de jueces, la cual presido, para aumentar la capacidad de solución de la Primera Sala en casos de jurisprudencia constante o pacífica. La Segunda Sala y las Salas Reunidas pusieron término a la lamentable situación de mantener casos regidos por el antiguo Código de procedimiento criminal, cuyos hechos databan del siglo 20, y que hoy se encuentran finalmente resueltos.
Pusimos término a la acumulación de casos que, pese a encontrarse caducos, esperaban aún una decisión de la Suprema Corte de Justicia. A través de un proceso de revisión exhaustiva, la Secretaría General de la Suprema Corte ha identificado todos estos casos, que han sido tramitados. El sistema instalado evitará recargar, en el futuro, el trabajo de las Salas con asuntos que no cumplen con los requisitos para estar ahí.
Resolvimos situaciones que carecían de explicación razonable.
Por ejemplo, en junio de 2019 encontrábamos 2,555 expedientes pendientes de dictamen del Procurador General, sin que la Suprema Corte de Justicia pudiera pronunciarse sobre el fondo del asunto. Esta situación, originada en una facultad del ministerio público contenida en la Ley de Casación, se había convertido en una barrera de facto a la solución oportuna de asuntos y una causa estructural de atraso judicial.
Gracias al trabajo en conjunto y a la coordinación con la Procuradora General, doctora Miriam Germán Brito y su equipo, a quienes hoy expreso el especial reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia, todas las consultas han sido puestas al día. Formalizaremos estas buenas prácticas para impedir que en el futuro volvamos a encontrarnos con esta situación.
La labor coordinada con el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública se ha dado tanto a nivel nacional, como localmente en todos los departamentos judiciales.
Con el objeto de preservar la unidad jurisprudencial, hemos actualizado los Boletines Judiciales correspondientes al período 2017-2020, publicando en el portal institucional 110 boletines que recopilan sentencias pronunciadas por el Máximo Tribunal entre 1910 y 2020, así como iniciando la publicación mensual de los fallos.
Ha sido tradición en este acto la relatoría de las sentencias emitidas durante el año. Sin embargo, dadas las circunstancias y la necesidad de preservar la cautela y para no abusar del tiempo de los presentes debido al gran número de decisiones que se han emitido, anuncio la publicación, en este mismo mes, de las principales sentencias del año 2020. El documento recopilará las decisiones de mayor relevancia emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Estará disponible para abogadas, abogados, juezas, jueces y ciudadanía en general, en el portal institucional.
Por otro lado, el registro inmobiliario ha puesto en marcha medidas administrativas y nuevos servicios que son pasos de crecimiento para el país y un soporte para los sectores productivos. Continúa fortaleciendo las áreas, mejorando la calidad y el plazo de la respuesta, agilizando procesos y reduciendo trabas.
La República Dominicana se encamina a lograr un sistema de registro inmobiliario a la altura de las demandas internacionales y locales: un conjunto de servicios sustentados en una estructura ágil, transparente, moderna, digital, autosostenible y accesible para todos los usuarios y usuarias del sistema. Estos avances contribuyen aún más al fortalecimiento de la seguridad jurídica de la República Dominicana.
De su lado, la Escuela Nacional de la Judicatura ha jugado un rol preponderante en el acompañamiento, capacitación y soporte a los procesos. Posibilitando que cada día más personas puedan tener acceso a la opción de la asistencia tecnológica con programas abiertos de capacitación. Se renueva para continuar siendo el brazo académico de la reforma judicial y acompañar de manera más efectiva el proceso de transformación que llevamos a cabo.
Los tribunales han visto grandes mejoras en su funcionamiento y desempeño. No solo pudimos abordar la mora judicial. El Poder Judicial pudo mejorar las capacidades de manera integral en muchos aspectos.
La estructura del Poder Judicial ha logrado habilidades que no se pensaban posibles. La dedicación de equipos de trabajo, de los tribunales y servidores es un tributo a la nación y una entrega de altísimo valor institucional.
Toda la información existente sobre el desempeño y gestión de cada Departamento y Distrito Judicial se encuentra disponible en línea de manera pública y gratuita en la plataforma del Servicio Judicial. Estos tableros en línea permiten el seguimiento y la rendición permanente de cuentas, de gestión, con relación a objetivos institucionales. La medida garantiza la calidad y transparencia mediante la publicación de estadísticas de operaciones en tiempo real.
La publicación y disponibilidad de datos en línea es una medida inédita, a la vez que fundamental para el control de gestión, la transparencia y la rendición de cuentas, tanto al interior del Poder Judicial como por parte de la ciudadanía y los expertos.
La Justicia dominicana tiene un compromiso firme con generar una mayor equidad e inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad. Cumplimos con la promesa de establecer un centro de entrevistas para víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad en cada Departamento Judicial.
No conformes aún, con el protocolo pudimos ampliar la cobertura para que cualquier tribunal del país pueda aplicar entrevistas. La ampliación del alcance evita la revictimización de las personas en situación de vulnerabilidad, en especial las mujeres en casos de violencia machista, así como en casos de niños, niñas y adolescentes.
4. La hoja de ruta
En condiciones extremadamente difíciles, hemos avanzado mucho. Y continuaremos en la ruta de potenciar aciertos y corregir debilidades.
Estamos conscientes de que el país debe poner sus recursos al servicio de la lucha contra la pandemia, la recuperación de la economía y la reconstrucción de la normalidad de la vida de todas y todos. Esa es la prioridad nacional. Somos corresponsables de ella, por lo que redoblaremos nuestros esfuerzos con los recursos humanos y financieros disponibles. Es una exigencia ética y de conciencia para con la situación que atraviesa nuestro país.
Aún existen casos pendientes de solución que datan de hace más de una década. Por esa razón, con el objetivo de terminar el próximo verano sin ningún caso pendiente de solución que date de una fecha anterior a 2019, estamos implementando el Plan de Erradicación de la Mora de la Suprema Corte de Justicia aprobado por el Pleno de esta el 26 de noviembre recién pasado.
Es un hito en la historia contemporánea de la Suprema Corte de Justicia.
Nuestra hoja de ruta considera, por supuesto, consolidar la construcción y fortalecimiento de los sistemas estadísticos del Poder Judicial y actualizar la oferta formativa de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Conciudadanos,
La impartición de justicia es un apostolado. Una tarea que requiere de juezas, jueces y servidores consagrados a un ejercicio honesto, regido en principios, integridad moral y eficiencia. Pero también poniendo especial atención a la dimensión humana y social de su trabajo.
En ese sentido, el Poder Judicial está llevando adelante una esforzada tarea para delinear un sistema racionalizado que aborde y fortalezca la muchas veces relegada temática de la carrera y el escalafón judicial.
Es posible impactar y mejorar los indicadores y la respuesta, a través del análisis técnico del desempeño, el establecimiento de criterios objetivos para una escala salarial tanto para juezas y jueces, como para el régimen de servidores administrativos. La operación óptima requiere renovar el compromiso del sector justicia con una mejora sustancial y eso comienza con cada servidora y servidor.
El Poder Judicial no es ajeno a los reclamos y urgencias de abogadas, abogados, usuarios y personas afectadas por la incorrecta aplicación de las leyes, desventajas fruto de situaciones cuestionables o vías de hecho. Son evaluadas, escuchadas, y procesadas de acuerdo con el régimen ético y disciplinario contenido en el sistema de integridad.
No hay temor a presiones para condicionar decisiones. Tengan todos la certeza y absoluta seguridad de que el Poder Judicial garantiza, por un lado: que los jueces y juezas puedan realizar su labor con plena independencia, como es su mandato constitucional. Y, por otro: que se conduzcan con total probidad, ecuanimidad y apego al Derecho en cada uno de sus fallos.
La República aspira a una Justicia independiente y los ciudadanos demandan consecuencias. Este momento trascendente de la vida republicana y de nuestro rol demanda un carácter que no podemos evadir ni renunciar.
Así lo han testimoniado las mujeres y los hombres dominicanos, sus líderes sectoriales, religiosos, empresariales, políticos y sociales.
Lo que tenemos por delante es brutalmente difícil.
Hay países que han tenido que asumir de nuevo el cierre total. Los mercados mundiales anticipan un nuevo período de restricciones, con velocidades y dinámicas de recuperación heterogéneas y difíciles de anticipar. Estos aspectos sin duda tendrán impacto en el sistema judicial.
La República Dominicana se ha visto y se verá enfrentada a retos que difícilmente podríamos haber anticipado tan sólo un año atrás. La Justicia debe garantizar la seguridad jurídica y los derechos de las personas, y en eso hemos trabajado.
Ustedes pueden estar seguros de que el Poder Judicial estará a la altura de estas exigencias y que la experiencia desarrollada durante el año pasado nos permitirá garantizar, como hicimos hasta ahora, la continuidad de la administración de justicia.
Los sistemas implementados para la emergencia y los aprendizajes sobre ellos, a partir de nuestros aciertos, pero también desde nuestros errores, nos permiten mirar con optimismo el futuro.
Todos hemos aprendido sobre el valor del diálogo, la urgencia de empatizar con realidades tan diversas como las que vivimos en nuestro país. Es justo que continuemos tomando en cuenta la necesidad de proteger la salud de nuestros colaboradores y de aquellos que acuden a la justicia y la vulnerabilidad de las instituciones más robustas en tiempos de crisis.
El país requiere un compromiso honesto con una mejora sustancial de los servicios judiciales. Todas y todos tenemos un papel fundamental en esa labor por la justicia. Las abogadas y abogados, las facultades de Derecho, las legisladoras y legisladores, funcionarios del Ejecutivo, los juristas, doctrinarios y actores de opinión juegan un papel muy necesario en ese diálogo conjunto. El país requiere, merece y necesita un sector justicia capaz de dejar de lado diatribas y agendas ocultas para dialogar sobre las problemáticas que aquejan al sistema de administración de justicia.
Por esto pido a la comunidad jurídica y al país poner primero a la nación dominicana. Debemos comprender que el sistema de administración no puede seguir en el pasado. Es imposible cambiar haciendo lo mismo. Apostando a modelos inconexos, incoherentes y a estructuras no sustentadas en criterios de eficiencia.
Creo posible y necesario un sistema de justicia capaz de llevar el servicio a su expresión óptima. Que permita una mirada integral de sus funciones para que sea eficiente gestionarlo. Que provea fallos de calidad y ajustados al Derecho con oportunidad. Que satisfaga las demandas de acceso y probidad a todas y todos, con especial vocación por el servicio a quienes menos posibilidades tienen en la sociedad.
Es posible un Poder Judicial independiente, fuerte y diligente, respetado y cercano, confiable y seguro de que su labor se sustenta en los lineamientos éticos establecidos en su sistema de integridad y transparencia. En esa dirección hemos trabajado y continuaremos sin descanso hasta asegurar ese propósito.
A inicios del siglo pasado, el estadista inglés Winston Churchill dijo, “pronto, muy pronto, nuestra breve existencia habrá llegado a su fin. Incontables generaciones habrán de caminar descuidadamente sobre nuestras tumbas”.
Es verdad. Nuestros nombres, nuestras ambiciones, serán probablemente olvidados.
Lo que no será olvidado, estoy seguro, son la templanza, la convicción y la fuerza con que cada uno de nosotros habrá sabido defender la justicia en la hora de la adversidad.
Les deseo Salud y Justicia. Salud y Justicia, en nombre de la República.
Santo Domingo, República Dominicana. Fecha 7 de enero de 2021, año 177 de la Independencia y año 157 de la Restauración.