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Santo Domingo.- El director de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud (ADARS), doctor José Manuel Vargas, expresó que esperan que se mantengan hasta el 15 de agosto los programas de asistenciaes sociales por el coronavirus y que también sean mantenidos por el presiente electo, Luis Abinader.
Señaló que además esperan que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) emita en los próximos días una resolución que extienda los programas hasta el 31 de agosto para que los trabajadores sigan recibiendo los servicios de salud.
El directo de la ADARS ofreció la información en El Sol de la Mañana, de RCC Media, a propósito de la caída de las cotizaciones por la suspensión y despidos de trabajadores por la crisis del coronavirus-Covid-19.
Ante lo que representa económicamente la caída de las cotizaciones, José Manuel Vargas expresó que todavía no se podía cuantificar.
Precisó que hay muchos empleados suspendidos están recibiendo las atenciones y que las Administradoras de Riegos Laborales están recibiendo las cápitas.
Agregó que igualmente los que han sido suspendidos y cancelados.
“Una vez pase ese período de los sesenta días de cancelación, entonces eso sí tiene una incidencia fuerte en todas nuestras asociadas y en todo el Sistema Dominicano de Seguridad Social porque todos los trabajadores que pierdan su empleo entonces no podrán cotizar a la seguridad social, y por tal razón eso va a afecta las carteras de nuestras asociadas y de todo el sistema de seguridad social”, explicó.
El director de la ADARS consideró como lo correcto un monto que se ha publicado, empero que las personas no se han afectado porque mantienen la cobertura y que están recibiendo las cápitas por una resolución de la seguridad social.
Precisó que aún no se ha visto el efecto pero que de ahora en adelante veremos lo que pasará con la reactivación de la economía.
El doctor José Manuel Vargas fue entrevistado a propósito de la preocupación que expresaron por la caída de los cotizantes.
Señaló que los empleados que han sido suspendidos por los empleadores y que disfruntan del programa FASE, el Consejo de la Seguridad Social emitió resoluciones para que se paguen la cápita y que esos empleados sigan recibiendo los servicios.
Especificó que los empleados que han sido cancelados tienen sesenta días para recibir las prestaciones de salud, según lo establece la Ley 87-01.
Precisó que el propio sistema establece que de la cuenta para el cuidado de la salud de las personas, que maneja la Tesorería de la Seguridad Social se aportan los recursos para el pago de la cápita de los 60 días de los trabajadores que han sido cancelados.
Especificó que el ministro de Trabajo informó que habían 827,358 empleados suspendidos, que multiplicados por dos, asumiendo que cada empleado tiene un dependiente, suman un millón, 700 mil afiliados, que están en esa situación.
“Pero nosotros esperamos que tal como anunició el presidente de la república, él va a mantener los programas sociales hasta el día 15 de agosto, y pienso que el nuevo presidente electo también lo mantendrá”, expresó.
El director de la ADARS dijo que tienen una limitante muy fuerte porque si no reciben las cápitas correspondientes no tendrán los recursos para atender las necesidades de salud de los afiliados, sobre todo ahora en medio de una pandemia que es catastrófica.
Sostuvo que plantearon a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que es necesario que las coberturas que están otorgando a los afiliados, incluyendo por el Covid, cubriendo el copago, cuidadanos intensivos, todos los estudios de diagnósticos y otras necesidades, tienen que ser necesariamente costeados.
Manifestó que están extendiendo un convenio que firmaron con los prestadores, específicamente con la Asociaciónn Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) hasta el 31 de agosto, por cree necesario que se cotice a partir de ahí hasta tanto dure la pandemia.
Consideró no obstante como noticias positivas los descubrimientos de vacunas para que ojalá que vamos la luz al final del túnel.
Explicó que hasta el 31 de agosto estarán ofreciendo todos los servicios a los afectados por coronavirus, como internamientos, estudios de diagnósticos, pruebas PCR y cualquier necesidad de salud que tenga el afiliado.
“Ahora entendemos que a partir de esa fecha, las autoridades están compelidas a ser lo que manda la ley; es decir que se haga una nota técnica, que costee cuándo el costo de esos procedimientos y que eso necesariamente tenga que estar en la cápita porque si no nosotros iríamos al calapso. Si el sistema colapsa sería un desgracia para el país”, puntualizó.