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El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, destacó que la política de protección de datos, presentada el 14 de noviembre, no es una iniciativa improvisada, sino una respuesta alineada con las exigencias de la era digital y las mejores prácticas internacionales.
Molina señaló que esta medida está basada en principios fundamentales de derechos humanos establecidos en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo, aseguró que su implementación fue precedida por un proceso de consulta pública entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
El magistrado garantizó que la política busca equilibrar la protección de la privacidad y la dignidad de las personas involucradas en procesos judiciales, sin comprometer la transparencia ni el acceso a la información de interés público, incluyendo casos relevantes para el periodismo.
En un documento que colgó en su blog personal, garantizó que los casos de alto interés público continuarán siendo accesibles para el periodismo y el público. "La política no impide informar sobre las acusaciones, las personas procesadas ni los resultados de los casos. Sin embargo, protege datos personales, como direcciones, números de identificación o información de salud, que no son esenciales para el entendimiento del caso y cuya publicación podría vulnerar la dignidad de las personas involucradas", reiteró.
Aseguró que los tribunales seguirán siendo tan transparentes como hasta ahora, publicando decisiones a través del Boletín Judicial y otros canales oficiales. "Además, los periodistas seguirán teniendo acceso a las salas de justicia y a los expedientes públicos. La política solo establece medidas para evitar que se expongan datos irrelevantes o sensibles", aclaró.
En cuanto a los aspectos prácticos derivados de esta política, señaló que no habrá sobrecarga administrativa en los tribunales: "pues este proceso no es una tarea secretarial".
Molina informó que, para su implementación, la Suprema Corte dispondrá de una plataforma especializada para habilitar estos procesos de manera digital.
Este martes la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresó su enérgico rechazo a la propuesta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de implementar la Política de Protección de Datos. En un comunicado calificó la iniciativa como un intento de legislar de forma unilateral, contraviniendo el derecho al acceso público a los expedientes judiciales. Señaló que la política fomentaría la opacidad judicial al otorgar a la SCJ un excesivo poder discrecional para ocultar información esencial para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas.