El presidente, Luis Abinader, aseguró este lunes que la crisis de inseguridad que vive Haití, calificada como “sin precedentes”, obliga a su Gobierno a mantener su política migratoria, que incluye las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos iniciadas en octubre.
Según Abinader, la gravedad de la situación en el país vecino justifica las medidas adoptadas para proteger la seguridad nacional.
A pesar de que el nuevo primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ha mostrado apertura al diálogo con las autoridades dominicanas, Abinader enfatizó que la situación en Haití sigue siendo "difícil" y presenta numerosos desafíos.
La crisis en el vecino país ha generado preocupación sobre la estabilidad en la región, y el presidente dominicano insiste en la necesidad de medidas firmes para enfrentar la coyuntura actual.
Como parte de su estrategia, Abinader destacó que la Dirección General de Migración (DGM) seguirá desempeñando su labor de control migratorio con rigor, mientras que el Ejército dominicano mantendrá su presencia en la frontera, reforzando la seguridad en esa zona clave.
La postura del Gobierno dominicano busca, según el mandatario, proteger a la nación en medio de una crisis regional compleja.
Según Abinader, quien habló en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, República Dominicana contempla la especie de “limbo” en la que se encuentra la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada por Kenia, lo que, en su opinión, en parte es debido al cambio de Gobierno en Estados Unidos.
“Ante la situación sin precedentes que atraviesa Haití, un país colapsado y una economía dominicana que crece, se nos hace difícil salvaguardar la frontera (…) Hay muchas ONG que traen aquí a ciudadanos haitianos, pero ese tema se tratará en su momento”, dijo el jefe de Estado.
República Dominicana empezó a principios de octubre un plan de deportación masiva de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
El Gobierno anunció entonces que deportará al menos 10.000 haitianos por semana, lo que ha crispado aún más las tradicionalmente tensas relaciones entre ambos países.
Haití ha denunciado que las deportaciones no cumplen con los parámetros de los derechos humanos, mientras que República Dominicana ha defendido el proceso argumentando que esto se hace para garantizar la seguridad nacional.
De acuerdo con los últimos datos de la DGM, desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre República Dominicana ha deportado a 55.723 haitianos en condición migratoria irregular.