Ante el lanzamiento de la nueva Política de Protección de Datos por parte del Poder Judicial, la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD), ha mostrado preocupación sobre las implicaciones de estas medidas en el ejercicio del periodismo y el acceso a la información pública, consideración que el abogado Manuel Sierra considera como "un grave error".
"La Sociedad de Diarios incurre en un grabe error, porque eso no le limita a ellos que difundan la información. No es difundir el nombre de la persona, sino el hecho", consideró el jurista.
Afianzó su planteamiento con el ejemplo del reciente hecho ocurrido en la Policía Nacional donde consideró que "cada uno de esos oficiales en los ojos de la comunidad son culpables y apenas se trata de un proceso que ni siquiera se ha iniciado".
"Hay que garantizar los derechos del ciudadano", dijo.
A través de un llamada al programa radial El Sol de la Mañana del Grupo RCC Media, el jurista explicó que este es un tema que hay que prestarle atención, porque siempre y desde hace algunos años se ha venido agravando.
El abogado planteó que el Ministerio Público actúa de manera inapropiada al difundir los nombres de los ciudadanos, lo que, según él, genera un manejo incorrecto de los datos por parte de los medios de comunicación. Destacó que, aunque la fase preliminar y la fase intermedia de un proceso judicial deberían ser confidenciales, la divulgación pública de la información podría perjudicar a personas cuyos casos aún están siendo procesados y podrían ser exoneradas.
Alega que "El in dubio pro reo y el principio de inocencia que al final del día no se le esta protegiendo", cuando se exponen en una primera fase los nombres de los involucrados.
Según el jurista, lo que ha propuesto la política de protección de datos del poder judicial hecho por la Suprema Corte de Justicia esta contemplado en el articulo 44 de la Constitución, cual plantea que cuando interviene un auto de apertura a juicio se puede dar a conocer la investigación, porque a partir de ahí es público.
"A mi me parece que lo que ha querido hacer el presidente de la suprema es que los nombres de los ciudadanos no sean difundidos tan alegremente cuando todavía no ha intervenido una sentencia por lo menos de primer grado, que determine que ese ciudadano es culpable".
Cuando un ciudadano es beneficiado con un acto de "No a lugar" eso no aparece en las primeras planas de los medios, aseguró.
En ese sentido, explicó que la intención de la Suprema Corte de Justicia es evitar la exposición pública de datos que pueden perjudicar injustamente a personas cuyos casos ya han sido resueltos o prescrito. Señaló que, al difundir en plataformas digitales los nombres de estos individuos, se les impone una "sentencia" social injustificada, ya que, en muchos casos, las acusaciones han sido desestimadas o no proceden, y esas personas han sido descargadas.
"Esa es una sentencia maldita", acertó.
"Yo cuestiono esas declaraciones de ese procurador general de la república, que ha puesto en cuestionamientos a todo el sistema de justicia, a todo el sistema jurisdiccional, cuando la razón de todo esto es que se trata de acusaciones que en la gran mayoría no pasan la prueba", denunció Sierra.
Además agregó, que los jueces son los responsables, por que según él, se han convertido en cajas de resonancias de todas esas acusaciones y violaciones para mantener una alegada política contra la criminalidad, "que dicho sea de paso se le ha ido de las manos al Estado dominicano".
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, se mostró preocupado por el impacto de estas medidas, al considerar que podrían afectar el derecho fundamental de los ciudadanos al libre acceso a la información pública. Según Maldonado, esta restricción podría entrar en conflicto con la libertad de expresión y limitar el ejercicio del periodismo, que depende de un acceso completo y verificado a la información.
«Esto produciría un choque con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo», afirmó Maldonado, quien abogó por una legislación que defina de manera clara y objetiva los límites de la protección de datos sin que afecte la capacidad de los medios de comunicación para informar a la ciudadanía.