Abogado editorial califica inconstitucional resolución sobre libros del Consejo de Educación

Santo Domingo.- El abogado de la editorial Duarte SRL, Boris de León Reyes, dijo que viola la constitución y las leyes la resolución del ministerio de Educación de editar libros para obviar los procesos, lleguen a todos y economizar 4,000 millones.

Sostuvo que el ministerio de Educación pretender nacionalizar la edición de textos escolares.

Indicó que creando una unidad editorial dentro del ministerio que dejará sin trabajo a 17 empresas editoras a las cuales esa institución le ha aprobado 402 libros durante 2021 y 2022.

El abogado Boris de León Duarte expresó que este país no es cuba ni Venezuela porque vivimos en un Estado que protege la libertad de empresa, de enseñanza, fomenta la iniciativa privada y limita la intervención del Estado en los medios de producción de bienes y servicios.

La defensa de la editorial Duarte SRL aseguró que el proyecto de Educación no genera ningún ahorro porque conlleva el cambio de los libros aprobados por el ministerio en 2021 y 2022.

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Precisó que para crear nueves libros que dice el ministro que estarán listos en mayo o en agosto.

Precisó que Educación gastó en dos años más de 3,700 millones en nuevos libros, 402, y dos procesos de compras, entonces por qué en 2023 pretender crear nuevos libros gastando 2,400 millones más.

El abogado puntualizó que no ven de dónde salen los 4,000 millones de ahorro.

Dijo que todo ese se ha generado sin transparencia, consultas públicas e desinformaciones.

Sostuvo que se han enterado en los últimas semanas de que en diciembre el Consejo Nacional de Educación aprobó una ordenanza la 03-2022 creando una nueva unidad que creará libros de textos propios a pesar de haber puesto a más de diez empresas durante un proceso de cuatro años a gastar dinero para adecuarse a los parámetros de ese organismo.

Manifestó que entonces el Estado será juez y parte y un ministro de Educación que quiere llevar a la Era de Trujillo.

Dijo que por todo lo explicado y otros detalles fue que sometieron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo porque la resolución viola la constitución y las leyes.