Se trata deuda investigación iniciada en 2018, que derivó en cargos por emplear dinero público para beneficios personales ilegítimos.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, dictó una orden de detención contra 800 militares en servicio activo y retirados por un nuevo caso de fraude dentro del Ejército, por unos 3.000 millones pesos.
La investigación comenzó en 2018 y, según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas de los efectivos militares.
Esto, porque la defraudación se realizó a través del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), que recibía aportes mayoritariamente de subtenientes de la IV División del Ejército en Aysén, y que buscaba dar indemnizaciones en caso de retiro o traslado de los suboficiales. No obstante aquello, el organismo quedó sin fondos y quebró.
Por ello, según los antecedentes de la investigación, el Ejército usó dineros fiscales para poder reintegrar los dineros de los suboficiales, entre ellos, pagos por servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios y viajes, entre otros.
Así, el fraude se realizó a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales.
Palma ya lideró en 2018 un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago. Entonces eran poco más de 300 los militares investigados.
“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró (en 2006), se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó Palma en 2018.
“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, detalló.
En Chile, las penas para el delito de fraude fiscal, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio y penas de crimen, es decir superiores a los cinco años y un día de cárcel.