El juez José Rafael de Asís Burgos aplazó para el próximo viernes la solicitud de prisión preventiva contra los 24 integrantes de la estructura criminal, desmantelada en la Operación Discovery 2.0, relacionados con estafa y extorsión a cientos de personas en Estados Unidos.
El magistrado Burgos tomó esta decisión para permitir que varios de los abogados de los imputados tengan tiempo para revisar el expediente.
La red fue desmantelada durante la Operación Discovery 2.0., se apoyaba en medios electrónicos, estafó y extorsionó a cientos de personas en Estados Unidos.
La organización criminal perfilaba a las víctimas siguiendo una lista de criterios con la que determinaba su mayor grado de vulnerabilidad.
La solicitud de medida de coerción incluye a Juan Rafael Parra Arias, Juan Armando Vázquez Ramírez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Claudio Santana, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Deuris Antonio Franco de la Cruz, Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
También, a Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Leslie Agnes Succart González, Lorena Franchesca Antigua Pérez y Juana Yadirys Ventura.
Los investigadores estudiaron, durante trece meses, los perfiles de los ciberdelincuentes, sus distintas estrategias para infiltrarse y captar a las víctimas, así como la psicología del terror que utilizaban para engañar, convencer y despojar a las personas afectadas de bienes económicos.
El arresto de los implicados y la incautación de los equipos electrónicos, así como parte de los bienes materiales que adquirieron para estructurar la mafia, se ejecutó en medio de quince allanamientos que de manera simultánea se desarrollaron en las provincias de Santiago y Puerto Plata.
La Operación Discovery 2.0 involucró 26 fiscales y 239 agentes de la Policía Nacional, equipos de investigadores y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que se empleó en la coordinación operativa.
Las labores implicaron el allanamiento de por lo menos tres centros de llamadas (call centers) en los que se produjeron los apresamientos y se incautaron los equipos electrónicos.