Apresan dos colmaderos acusados de sustraer fondos de tarjetas de Solidaridad

Santo Domingo.- La Policía Nacional informó este viernes que detuvo por separado a dos hombres propietarios de tres colmados en la provincia Barahona, donde les fueron ocupados equipos electrónicos que utilizaban para extraer los fondos de las cuentas que el programa Progresando con Solidaridad.

Los hombres, que fueron detenidos en una operación junto al Ministerio Público, son Cristian Alexander Carrasco Sánchez y Manuel Aquilino Ferreras Reyes. El primero es propietario de los colmados “El Buen Pastor” y “J.N.”, ubicados en el barrio Palmarito; mientras que el segundo es el dueño de “Gran Parada”, en el Polo, Barahona.

Modus operandi

De acuerdo a la institución del orden, ambos comerciantes fueron sometidos a la justicia por conformar una asociación de malhechores dedicada a defraudar el Estado dominicano, obteniendo de manera fraudulenta las tarjetas del programa de ayudas del gobierno “Progresando con Solidaridad” y cédulas de identidad de ciudadanos que utilizaban para, mediante aplicación de algoritmos, determinar los códigos necesarios para acceder de manera fraudulenta a las ayudas dirigidas a personas de escasos recursos.

Durante la intervención realizada en los negocios de Carrasco Sánchez, fueron ocupados los equipos y varios comprobantes de pago en el allanamiento, los cuales por su alto volumen y elevados montos no se corresponden con la actividad económica de esos establecimientos.

En tanto que en el colmado de Ferreras Reyes fueron ocupados los equipos para la sustracción de los fondos, así como también 25 tarjetas del programa (Prosoli), una cédula de identidad y comprobantes de pagos electrónicos que tampoco se corresponden con el nivel de actividad que se desarrolla en ese comercio.

De igual manera fue practicado un allanamiento en la vivienda de una mujer, ya identificada, quien tiene orden de arresto en su contra, acusada de encargarse de reclutar los comercios que se dedicaban a pasar las tarjetas y realizar el fraude con los números de cédulas de los ciudadanos que son favorecidos con las ayudas de los programas sociales implementados por el Gobierno, establece la Policía.