Lima, (EFE).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, expresó este miércoles su apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el cumplimiento de su labor durante la visita de este organismo al país andino que tiene el objetivo de observar la situación de las protestas antigubernamentales.
Boluarte mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con una delegación de la CIDH llegada a Perú, a invitación del Ejecutivo, con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en las protestas que sacuden al país desde diciembre y que, a la fecha, suman 47 personas fallecidas y cientos de heridos.
"En el encuentro, la mandataria ratificó el apoyo del Gobierno a la CIDH para el cumplimiento de su labor, referida al esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos en el país, y reafirmó su compromiso para seguir promoviendo el diálogo y la paz social", informó el despacho presidencial a través de Twitter.
En la reunión en el Palacio de Gobierno participaron el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, Stuardo Ralón, y el comisionado Joel Hernandez, así como la canciller Ana Cecilia Gervasi y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, quienes acompañaron a Boluarte.
Tras el encuentro, Ralón, como líder de la delegación, declaró que la idea de la misión es "tener la escucha más amplia posible de todas las voces" de la sociedad civil, a través de una agenda "enfocada a desplazarse fuera de Lima".
La visita de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Perú comienza dos días después de que el país viviera el día más sangriento desde que se iniciaron las protestas en diciembre pasado.
El lunes en la ciudad de Juliaca, ubicada en la sureña región de Puno, colindante con Bolivia, las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones en 2023, entre otros reclamos, dejaron 18 fallecidos, lo que eleva la cifra de muertos a 47 desde diciembre.
Tras estos enfrentamientos, varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), urgieron a las autoridades a cesar el uso "indebido de la fuerza contra la población civil" y a asegurar el respeto de los derechos humanos.