Santo Domingo. – El canciller dominicano Roberto Álvarez, dijo que la crítica situación que atraviesa Haití no podrá ser un obstáculo para la aplicación de las leyes del gobierno.
Roberto Álvarez respondió al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien criticó las repatriaciones desde la República Dominicana hacia Haití.
Por otro lado, Álvarez indicó que las mismas son un derecho soberano de todas las naciones.
“La crítica situación que atraviesa Haití no es responsabilidad del Gobierno dominicano, ni podrá ser jamás obstáculo para la aplicación de nuestras leyes” dijo.
En cuanto a las estadísticas de repatriaciones realizadas hacia Haití desde territorio dominicano, en el 2022, señaló que estas reflejan los casos de dos menores acompañados y otros 3,176 menores entregados al Consejo Nacional de la Niñez de RD para su reunificación familiar en Haití.
Estos resultados oficiales, contradicen la información dada por el Alto Comisionado Volter Türk, sobre deportaciones de menores no acompañados.
Sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores compartió también las estadísticas que demuestran que solo en 2022 fueron atendidos más de 34,000 partos de inmigrantes haitianos en la red pública dominicana de manera gratuita.
Esta cifra reflejó un aumento de 12.5 % a 32.8 % entre 2018 y 2022.
Mediante una comunicación dijo que, de igual forma, el papel del Comisionado debería ser el de llevar soluciones para la crisis haitiana, en vez de manifestarse en contra de la soberanía del país.
Mensaje íntegro del canciller Roberto Álvarez
Ante los comentarios del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aclaro a nombre del Gobierno dominicano: El derecho a repatriar o deportar es soberano de todas las naciones y necesario para migraciones seguras, ordenadas y regulares.
Sorprende que el Comisionado haya hablado de deportaciones en Haití en vez de llevar soluciones a la crisis.
En 2022, RD repatrió 120,900 extranjeros, en su mayoría de nacionalidad haitiana. Solo había 2 menores que sí estaban acompañados.
También el año pasado, 3,176 menores haitianos fueron entregados al Consejo Nacional de la Niñez de RD para su reunificación familiar en Haití a través del Institut du Bien Etre Social et des Recherches (IBERS).
La proporción de partos de madres haitianas atendidos en la red pública dominicana aumentó de 12.5 % a 32.8 % entre 2018 y 2022. RD no puede suplir las necesidades o carencias básicas de la población haitiana; esta es una responsabilidad del Estado haitiano.
No obstante, no se ha dejado de cumplir con el acceso a la salud de las migrantes embarazadas que garantiza nuestra Constitución. Solo en 2022 más de 34,000 partos de inmigrantes haitianas fueron atendidos en la red pública de RD de manera gratuita.
El Gobierno dominicano trabaja para mejorar la calidad de los centros de acogida y vehículos en los procesos de interdicción migratoria, garantizando el debido proceso constitucional en los procesos administrativos.
La crítica situación que atraviesa Haití no es responsabilidad del Gobierno dominicano, ni podrá ser jamás obstáculo para la aplicación de nuestras leyes. Sí queda por aclarar la postura de la comunidad internacional ante la tragedia haitiana.