La reciente detención de 107 migrantes dominicanos que intentaban llegar ilegalmente a Puerto Rico pone de relieve la persistente problemática de la migración irregular en la región. Este suceso se enmarca en un contexto más amplio de políticas migratorias estrictas tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana.
La Guardia Costera informó que se realizaron tres intervenciones, las dos primeras ocurrieron el pasado lunes y la tercera este martes.
En la primera, oficiales de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) que viajaban en una aeronave avistaron una embarcación sospechosa de 30 pies (10 metros) de eslora al sur de Isla de Mona, al oeste de Puerto Rico.
Ante ello, guardacostas en la base de San Juan despacharon una embarcación suya para alcanzar la nave sospechosa en la que viajaban 53 migrantes, 48 hombres y cinco mujeres, todos afirmando que eran de nacionalidad dominicana.
Estados Unidos implementó medidas que han reducido significativamente los cruces fronterizos ilegales. Estas políticas, en colaboración con el gobierno mexicano, han limitado las oportunidades para los solicitantes de asilo, canalizando las solicitudes a través de métodos más controlados y disminuyendo los incentivos para los cruces no autorizados.
Paralelamente, la República Dominicana intensificó sus operativos migratorios, especialmente contra ciudadanos haitianos, lo que generó controversias y denuncias de abusos.
Las deportaciones masivas y las condiciones inhumanas en los centros de detención han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.