El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para asegurar un salario mínimo de 60 mil pesos a los abogados que trabajan en el sector público, incluyendo a aquellos en funciones en las fuerzas militares y policiales.
La iniciativa busca mejorar las condiciones laborales y dignificar el ejercicio profesional en estas áreas clave.
El presidente de CARD, Trajano Potentini, junto a un grupo de juristas, explicó que la propuesta se fundamenta en principios constitucionales y estándares internacionales.
Destacó la importancia de valorar la labor de los abogados, considerando su papel esencial en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la defensa de los derechos ciudadanos.
Fundamentos de la propuesta
El proyecto se basa en varios artículos de la Constitución dominicana, incluyendo el artículo 38, que garantiza la inviolabilidad de la dignidad humana, y el artículo 62, que establece el derecho a un trabajo digno con condiciones laborales justas.
También cita el principio de igualdad del artículo 39 y la responsabilidad del Estado de proteger los derechos fundamentales según el artículo 8.
Desde el punto de vista legal, la propuesta se apoya en la Ley No. 41-08 de Función Pública, que aboga por la equidad salarial en el sector público, y en la Ley No. 105-13, que establece criterios para la remuneración justa de los empleados gubernamentales.
Asimismo, se reconoce la práctica profesional del derecho como de interés público, reforzando la necesidad de que sea regulada de manera justa, como la resolución de las Naciones Unidas que proclama el 18 de septiembre como el Día Internacional de la Igualdad Salarial, y con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que promueve la justicia social y la equidad.
La iniciativa propone un salario mínimo específico para los abogados del sector público, tanto civiles como militares, que respete la dignidad, competencias y riesgos asociados a sus funciones. Esto no solo mejoraría las condiciones laborales de los profesionales, sino que también fortalecería la calidad y eficiencia de los servicios legales y administrativos en beneficio de la ciudadanía.
Impacto esperado
Fortalecimiento institucional. Un salario mínimo digno permitirá que los abogados desempeñen sus funciones con mayor eficiencia y profesionalismo.
Reducción de desigualdades. La medida busca cerrar brechas salariales en el sector público, promoviendo la equidad y la justicia social.
Alineación con estándares internacionales. La propuesta posiciona al país como referente en la región en la defensa de los derechos laborales y profesionales.
Finalmente, Potentini explicó que la propuesta vendría a reafirmar el compromiso del Estado con los valores fundamentales de justicia, equidad y desarrollo humano, y abre un debate crucial sobre la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas para los abogados, quienes desempeñan un rol esencial en la defensa de los derechos ciudadanos y la consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho.