El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) anunció hoy su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento que regula la Ley de Tránsito. Este reglamento limita a dos años la renovación de la licencia de conducir para personas mayores de 65 años y les impone un pago adicional por el servicio.*
Trajano Vidal Potentini, presidente del CARD, afirmó que esta acción busca restablecer el Estado de derecho que, según él, ha sido evidentemente vulnerado para los envejecientes. Destacó que la medida infringe derechos fundamentales, tal como se establece en los artículos 38 y 39 de la Constitución de la República.
“Desde el Colegio de Abogados de la República Dominicana, expresamos nuestra preocupación por el trato discriminatorio y violatorio de la Constitución que está llevando a cabo el Intrant hacia las personas de 65 años y más en relación con la renovación de su licencia de conducir”, declaró Potentini.
El presidente del CARD lamentó que, en contravención a la Constitución, el Intrant se haya arrogado la facultad de restringir el derecho de estas personas al momento de renovar su licencia. “El Intrant debe alejarse de esta práctica; son decisiones reiteradas que refuerzan el principio de igualdad y no discriminación”, añadió.
Recordó que recientemente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una disposición del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que exigía tener menos de 50 años para participar en el concurso de oposición para ingresar como docente. Señaló que también hubo otra sentencia, la número 0461 de 2021, que declaró “no conforme con la Constitución Dominicana” un requisito de edad inferior a 55 años para acceder a las Carreras Administrativas, según la Ley 41-08 de Función Pública.
El tema cobró relevancia a raíz de una serie de reportajes publicados por el periódico El Nacional desde el 16 de octubre, que documentan abusos, discriminaciones y violaciones a la Constitución que afectan a los envejecientes de 65 años, quienes solo pueden renovar su licencia por un periodo de dos años, además de enfrentarse al pago de una doble tributación.
Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, también expresó su indignación respecto a la tarifa de renovación de la licencia de conducir para las personas mayores de 65 años y la duración asignada a estas licencias, calificando esto como un acto discriminatorio por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.