Ciudad de Panamá, (EFE).- La región del mundo que más penaliza el aborto es Centroamérica, donde las mujeres se enfrentan a condenas de cárcel por la interrupción del embarazo, aunque sea involuntario, y la presión social obliga a ser madres a chicas muy jóvenes, incluso en casos de violación, dijeron a EFE varias expertas.
Cuatro de los diez países del mundo con las penas más severas sobre el aborto están en Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Además Guatemala, Costa Rica y Panamá no llevan a la práctica las leyes que permiten abortar bajo causas de salud, riesgo de muerte o violación.
«(En) Centroamérica (hay) países que aún insisten en mantener una penalización absoluta, que es impactante. En el mundo hay 10 países que mantienen esta penalización como regla. Cuatro de ellos están en nuestra región», explicó en Ciudad de Panamá la abogada e investigadora de salud argentina Agustina Ramón Michel.
Esto convierte a Centroamérica en la «subregión» del mundo que concentra la mayor cantidad de países con las leyes más restrictivas en materia de aborto, aseguró también la defensora de los derechos humanos y activista salvadoreña Morena Herrera.
HONDURAS, NICARAGUA, REPÚBLICA DOMINICANA Y EL SALVADOR, LOS MÁS RESTRICTIVOS
El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia. Lo penalizan con hasta doce años de cárcel, en el caso de El Salvador.
Este último es el país «que más ha concentrado esta forma de criminalización», según Herrera. Las mujeres que padecen complicaciones durante el embarazo y sufren abortos espontáneos o mortinatos, son habitualmente sospechosas de practicarse un aborto, por lo que las procesan bajo el cargo de homicidio agravado.
Algunos de estos casos han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como el de Beatriz, una joven salvadoreña a quien se le negó la interrupción del embarazo a pesar de que su vida corría peligro y el feto era anencefálico, una malformación grave en la cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo, por lo que era incompatible con la vida extrauterina.
O el Caso Manuela, una salvadoreña de bajos recursos, analfabeta y de una zona rural, que fue condenada a 30 años de prisión por abortar tras sufrir una emergencia obstétrica en 2008. La Corte IDH condenó a El Salvador por la detención y posterior muerte de «Manuela», que no recibió un tratamiento adecuado en la cárcel por un linfoma.
«En Honduras por ejemplo ahora mismo hay una mujer indígena que está condenada a 22 años de cárcel, sin autopsia de la criatura que había muerto», destacó Herrera.
En Panamá la ley permite abortar en caso de violación o riesgo de salud para la madre y el feto, mientras que en Costa Rica y Guatemala solo es posible interrumpir el embarazo si la vida de la gestante corre peligro.
«Parecerían estar más cerca de países como Chile o Brasil, pero no, porque en la práctica las guatemaltecas, las panameñas y las costarricenses están en un escenario de penalización absoluta porque poco o nada se hizo para por lo menos dar acceso y garantizar ese aborto», señaló Michel.
La experta argentina puso como ejemplo el caso de «una mujer con un cáncer o una cardiopatía severa con depresión y que necesita interrumpir ese embarazo, (pero) no puede pese a que la letra escrita sí se lo permite. Estaríamos hablando de una región donde todo el ambiente es un ambiente penalizador».
«Insisto en este puñado de países de Centroamérica donde los pintaríamos de un color ‘verdecito clarito’, pero no es así si los miramos en la práctica. Es como si la regla penal hubiera absorbido los resquicios de legalidad que tenían las normas», agregó Michel.
En Panamá una niña indígena de 8 años, violada por la pareja de un familiar, fue obligada a ser madre. Cuando los médicos se dieron cuenta del embarazo habían pasado 23 semanas, fuera del plazo de la ley para realizar un aborto. A pesar de la edad de la menor, los médicos consideraron que estaba «apta» para el parto y en marzo de 2022 fue sometida a una cesárea.
«(En Centroamérica) en la práctica tenemos un sistema político y un sistema legal que niega la autonomía de las mujeres para decidir sobre su capacidad de reproducción. Entonces hay un sistema punitivo que convierte en delitos los eventos de salud de las mujeres y esto tiene consecuencias muy graves», dijo Herrera.
La activista salvadoreña alertó que una de las consecuencias más graves son los suicidios de adolescentes embarazadas, pues las «niñas de 12, 13 y 14 años que ante un embarazo no deseado y complicado que complica su vida, no ven alternativas, no conocen redes de apoyo y no tienen ninguna alternativa, optan por el suicidio».
«Además estos países tienen un modelo autoritario, en términos políticos, que niega el derecho a la educación integral en sexualidad para niños, niñas y adolescentes en los sistemas educativos producto de las presiones de grupos que niegan los derechos de las mujeres», concluyó Herrera.