Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) denunció que este miércoles que con el depósito en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca legitimar las audiencias virtuales que ya fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC).
En ese sentido, el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, presentó ante la cámara baja una instancia de formal oposición contra la pieza legislativa.
El presidente del CARD, manifestó que esa iniciativa constituye una carta en blanco para mantener el desacato de la sentencia del TC, que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.
“Desde hace dos años la justicia dominicana se encuentra en un virtual cierre por la imposición de medidas que eliminaron el acceso de los ciudadanos, de los abogados y los medios de comunicación a los distintos expedientes y esto no puede continuar”, dijo el jurista.
El gremialista aseguró que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina , se encuentra en estado de desacato, no solo de la sentencia 0030-2020-ETSA-00552, emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, sino de la TC/0286/2021 del Tribunal Constitucional, que ordenó la apertura de los Tribunales de la República y anuló los procedimientos virtuales, por haber sido emitidos al margen de la Constitución, violando los derechos fundamentales de los ciudadanos, en usurpación de las funciones del Congreso Nacional.
Miguel Surun Hernández dijo que Sistema Secretarial creado por la Ley de Organización Judicial fue sustituido por un supuesto e infuncional Sistema Virtual de Servicio Judicial, manejado por una plataforma que ha conculcado y eliminado el acceso a los expedientes de abogados, jueces y fiscales, que para obtener o depositar un documento a un expediente, deben realizarlo mediante solicitud a la plataforma.
Advirtió que el gremio que dirige motorizará las acciones que sean necesarias para evitar que ese proyecto de Ley prospere.