El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó al Congreso Nacional a rechazar la reducción de los recursos asignados al Poder Judicial, contempladas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, manifestó que dicha asignación presupuestaria sería un grave atentado a la administración de Justicia en la República Dominicana, que se encuentra en crisis por la falta de jueces, fiscales y personal suficiente para responder a la demanda.
Se quejó quejó de que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años y ni mencionar que luego de dictada una sentencia por su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.
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"En la materia civil la situación es aún peor con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, ni condiciones aptas para los abogados, mucho menos para las víctimas y usuarios, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de 40 mil millones de pesos", señaló el gremialista.
Agregó que con dichos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos.
Así como tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados.
Recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
El gremialista indicó que lo peor es que el Proyecto de Ley de Presupuesto del 2024 modifica leyes orgánicas, como lo es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre 26 mil y 35 mil pesos y que deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta.