SANTO DOMINGO.- La pasada semana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula la admisión e inscripción en los centros educativos privados, además de establecer la gratitud de reinscripción a los estudiantes, una decisión que ha encontrado la oposición de ese sector, que se ha acogido al amparo de los principios de empresas privadas para continuar con esta práctica.
El amparo que le brinda este principio establece que “el Estado solo puede intervenir en una actividad empresarial privada, cuando esa actividad viola la Constitución”.
José Alberto Ortiz, representante de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas (UDIEP), dijo que el servicio que ofrecen los colegios lo hacen bajo el amparo de la Constitución y sin ninguna exoneración por parte el Estado.
Los representantes de UDIEP señalan que cada año, el paquete de servicios que ofrecen, tiene un costo que va a depender de la cantidad de estudiantes que van a tener y respaldan que el colegio cobre el dinero que crea, siempre y cuando lo justifique el servicio que está dando”.
Durante el encuentro, el senador de Héctor Acosta, parte de la Comisión Permanente de Educación del Senado de la República, dio lectura al considerando décimo primero, el proyecto de Ley el cual especifica que “por las implicaciones económicas causadas por la pandemia del COVID-19, las familias dominicanas han tenido que recurrir a grandes sacrificios o se han visto imposibilitadas para honrar el compromiso del pago por concepto de reinscripción en los colegios privados, situación que genera angustia e incertidumbre para las indicadas familias, ante las exigencias de cumplimiento por parte de estos centros educativos privados”.
La discusión gira en torno al trato, muchas veces considerado abusivo por parte de los colegios en el cobro de la reinscripción de los estudiantes que pertenecen al centro educativo y la nueva la nueva ley dispuesta por los diputados.
El tema parece que no ha alcanzado su punto final y las discusiones sobre el tema podrían extenderse.