La Comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a los miembros de la Cámara de Cuentas por “presuntas irregularidades” en el ejercicio de sus funciones, recomendó en su informe realizar un juicio político a sus integrantes.
La comisión presidida por el diputado de la provincia de La Vega, por el Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Alfonso Genao, propuso al Pleno de la Cámara Baja, remitir al Senado de la República los medios de prueba que sustentan las “supuestas” imputaciones para acusar y someter mediante un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.
En sus recomendaciones, la Comisión Especial propone:
Primero: acusar y someter, de conformidad con lo establecido en el artículo 83, numeral 1) de la Constitución de la República, a los miembros de la Cámara de Cuentas, señores Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mackenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, por ante el Senado de la República a los fines de ser juzgados.
Segundo: PROPONER al Pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de resolución mediante el cual se acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas por ante el Senado de la República y se solicita su destitución.
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Tercero: remitir al Senado de la República los medios de prueba que sustentan las imputaciones contra los miembros de la Cámara de Cuentas, con el propósito de que ponderados en ocasión de la celebración del juicio político para su destitución.
Informe disidente
No obstante, el bloque de diputados de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), presentaron un «informe disidente» al de la comisión que investigó a los miembros de la Cámara de Cuentas de la república Dominicana.
En el documento firmado por los diputados, Gustavo Sánchez, Víctor Suárez y Plutarco Pérez del PLD, así como por Rubén Maldonado y Magda Alina Rodríguez, cita en sus conclusiones que la comisión especial que investigó la Cámara de Cuentas debió ser lo suficientemente plural, objetiva y desprovista de todas predisposiciones para poder obtener resultados imparciales y justos del proceso.
Al igual que, se debieron respetar las normas legales que tutelan los derechos constitucionales y administrativos.
Los legisladores opositores entienden que la investigación realizada por la Comisión Especial designada por el Pleno de la Cámara de Diputados, no examinó de forma conjunta ningunas de las supuestas faltas graves denunciadas, y que además, no se confrontaron las pruebas para sustentar la acusación.