Dentro del menú de propuestas y decisiones presentadas por el presidente Luis Abinader en su primer periodo de Gobierno, fueron varias las que cayeron mal al pueblo, provocando que después de dar los anuncios sean reculadas.
Iniciemos la enumeración con el plato fuerte, con el caso de la carta enviada por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien habría aclarado mediante el documento dirigido al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, su rechazo al proyecto de modificación constitucional correspondiente a la designación del jefe del Ministerio Público, a través de la cual citó que no se le consultó en relación al proyecto de reforma a la Constitución
A pesar de que la propia magistrada dijo después que ¨no ha emitido a título personal ni institucional opinión alguna sobre las posibles modificaciones a la Constitución de la República respecto a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República, ni al Consejo Superior del Ministerio Público, el Gobierno retrocedió y desistió de su deseo de modificar el artículo 174 de la Constitución, sobre la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público.
En 2021 se iniciaron los diálogos para la implementación de una reforma fiscal, a pocos meses del jefe de Estado cumplir un año en el cargo, con la cual se pretendía aumentar las recaudaciones a través del incremento del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el incremento de las tasas del Impuesto Sobre la Renta, entre otras cosas.
Esto generó fuertes críticas que llevaron a Luis Abinader a entonces en octubre de ese mismo año convertir esta propuesta en solo un amague del Gobierno luego de este llegar a negociar con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, de la que recibirán adelantos de sus compromisos con el Estado.
La reducción del presupuesto asignado al Ministerio de Educación, de más de 4 mil millones, que se planteaba para el Presupuesto Complementario del año 2022, provocó disfagia en los dominicanos.
El Gobierno desistió de esta propuesta, pues diversos sectores se mostraron en desacuerdo.
La controversial ley del DNI, que aunque se promulgó, causó ruido sobre todo con los periodistas y esto al aún sigue a fuego medio.
Abinader promulgó el decreto 1-24 que regularía la publicidad oficial y establecería además los criterios para la contratación de la difusión publicitaria, esto fue como un revoltillo mayúsculo, luego de que periodistas criticaron la medida debido a que esta solo le permitiría a los medios como empresa adquirir los contratos y no a los periodistas como tal.
Podríamos decir que esta ley se quemó ya que generó sobre todo en redes sociales por los propios comunicadores en cada uno de sus medios gran malestar.
El Senado de la República aprobó en 2022 el proyecto de ley orgánica que pretendía regular el Ejercicio del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen cuyo proyecto ocasionó una alerta luego de ser enviada a la Cámara de Diputados, donde la Sociedad Dominicana señaló que la ley traería acciones legales contra quienes insulten de forma innecesaria a otros a través de la de la opinión.
En 2020 Abinader dijo que propondría al Congreso Nacional reducir un 50 % los fondos que reciben por ley los partidos políticos, propuesta que ni siquiera fue presentada, solo expuesta por el mandatario pero que al final no fue efectuada, y quedó como pelo en la sopa.
El fideicomiso de Punta Catalina, el cual se aprobó por la Cámara de Diputados, y que alguno de ellos admitieron que no leyeron el documento, sectores denunciaban que esto privatizaría la termoeléctrica y luego el caso cayó en el Senado, del cual el propio Gobierno central había asegurado que no sería un acuerdo de privatización.
Los tan criticados carnets de habitante fronterizo, que serían dados a los haitianos que en ese entonces querían trabajar en territorio dominicano, en actividades comerciales cercanas a la frontera, eso como una forma de ¨legalizarlos¨.
Este piloto que se tenía programado realizar en Pedernales a inicios del 2022, pero no fue efectuado por la presión que generó la población dominicana al Estado, rechazando su puesta en marcha.
Un documento firmado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, designaba a cuatro miembros del Ejército para que sean parte del cuerpo de seguridad del ex cónsul dominicano en Brasil, Melton Pineda.
La decisión tuvo que ser retractada y el Ministerio de Defensa emitió entonces un documento que dejó sin efecto el memorándum que le designaba a Melton Pineda cuatro personas para servicio como seguridad.
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