¿Cómo funcionaba la supuesta red de corrupción en el Intrant?, según MP

El Ministerio Público aseguró en un documento de 15 páginas correspondiente a la orden de arresto contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez y al menos otros 4 acusados que la red de corrupción que o incluyó la movilización del dinero recibido por Transcore Latam a través de un esquema de lavado de activos que implicaba transferencias a las cuentas de INPROSOL S.R.L., a Carlos José Peguero Vargas, Aquiles Jiménez y otras personas bajo investigación.

Los ficales aseguran que “Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez (Exdirector Ejecutivo del INTRANT). Como principal autoridad ejecutiva del INTRANT entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas”.

El documento al que RCCMedia. Com tuvo acceso señala que Beras fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. Es definido como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude en la citada licitación.

En tanto los investigadores aseguran que José Ángel Gómez Canaán, alias Jochi, es el principal beneficiario económico del supuesto esquema corrupto “Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos”.

En consecuencia, explican es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado.
También figura como el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo.

Mientras que Frank Rafael Atilano Díaz Warden (Coordinador de Despacho y Representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del INTRANT). Participó activamente en la adjudicación irregular de contratos.
Dicen los investigadores que aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados.

El papel de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (Director de Tecnología del INTRANT). Constó en que siendo el responsable de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, logró la coordinación técnica del fraude.

Resaltan que facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.

“Adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado. Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos”, dice el MP.

De su lado, Pedro Vinicio Padovani Báez (Exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT) es socio de Gómez Canaán, y fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.

Detallan que “tras renunciar a su cargo, colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L. y que posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica”.

Y Carlos José Peguero Vargas (Socio en la red de lavado de activos), junto con Gómez Canaán, Peguero Vargas “fue responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L. Es el encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le imputa Lavado de activos, desvío de fondos públicos y colaboración en la estructura financiera ilícita.