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Santo Domingo, (EFE).- República Dominicana ha comenzado a deportar a mujeres embarazadas a Haití, alegando que el país no puede soportar la carga que supone la atención médica a los inmigrantes en condición irregular.
Pero, ¿cuánto dinero realmente invierte República Dominicana en la atención médica a los inmigrantes haitianos?
Un estudio del Sistema Nacional de Salud (SNS) cifra en 4,195 millones de pesos el gasto total dedicado a la atención médica a ciudadanos haitianos a lo largo de 2019.
Esa cifra contabiliza los gastos en consultas, emergencias, internamientos, cirugías y partos, y equivale al 59.7 % de todos los recursos destinados en el país a los servicios de salud en establecimientos públicos de primer nivel de atención.
Pero, precisamente, los partos son el capítulo que consume una menor proporción del desembolso, un 7.76 % del total, unos 332 millones de pesos, presupuesto que se empleó para atender 27,997 partos de madres haitianas en 2019.
El número de partos de haitianas sigue una tendencia creciente desde entonces y, en lo que va de 2021, ya se han registrado 28,370 nacimientos de madres haitianas en República Dominicana.
Esa cifra supone cerca del 30 % de los partos registrados en los hospitales públicos dominicanos, según estadísticas del SNS actualizadas hasta octubre.
El grueso del gasto médico, 2,116 millones de pesos, que suma el 51 % del total del presupuesto destinado a la atención de pacientes haitianos, corresponde a las emergencias.
En las últimas semanas, el Gobierno dominicano anunció un paquete de medidas para cohibir la inmigración haitiana, entre las cuales afirmó que negará la atención médica a los extranjeros en condición irregular, con la única excepción de las atenciones de emergencia.
El Gobierno dominicano también afirmó que impedirá la entrada en el país de mujeres embarazadas con más de seis meses de gestación que no cuenten con un seguro médico internacional.
La semana pasada, oficiales de la Dirección General de Migración (DGM) capturaron a numerosas mujeres embarazadas en las inmediaciones de centros médicos y las deportó de forma automática.
La ley de Migración faculta a las autoridades a hacer deportaciones automáticas de los extranjeros en situación irregular, pero el reglamento de esa ley prohíbe expresamente detener a mujeres embarazadas.
República Dominicana también firmó un protocolo de entendimiento con Haití en 1999 en el que se comprometía a evitar la separación de familias.