El presidente nicaragüense Daniel Ortega ratificó al general Julio César Avilés como ministro de Defensa y comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, extendiendo su mandato por otros seis años. Según el decreto publicado en la gaceta oficial, Avilés asumirá este nuevo período el 21 de febrero de 2025, permaneciendo en el cargo hasta el mismo día de 2031.
Exguerrillero sandinista, Avilés ha ocupado cargos de alto rango dentro de las fuerzas armadas desde hace décadas, consolidándose como un aliado clave del régimen Ortega-Murillo. Formado en Cuba bajo la tutela de oficiales castristas, regresó a Nicaragua en 1998 como jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y posteriormente contribuyó a la creación del extinto Ejército Popular Sandinista. En 2005 asumió como jefe del Estado Mayor General y, en 2009, fue designado por primera vez como comandante del Ejército por Ortega.
Avilés ha sido señalado como uno de los pilares de la represión contra la disidencia en Nicaragua, particularmente durante el estallido social de abril de 2018, en el cual grupos paramilitares bajo su supervisión dejaron un saldo de al menos 355 muertos, según organizaciones de derechos humanos. Asimismo, ha sido acusado de participar en redes de corrupción vinculadas al régimen de Managua.
En discursos oficiales, Avilés ha defendido la postura del gobierno, acusando a medios de comunicación independientes y organizaciones internacionales de intentar "desprestigiar" a la institución militar. “Con determinación rechazamos las campañas de calumnias y ataques financiados por intereses extranjeros. Con la patria no se juega”, declaró en un acto en Managua el año pasado.
En 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Avilés por su rol en la “represión y desmantelamiento de las instituciones democráticas” de Nicaragua. “Nuestro sistema financiero no debe ser cómplice de la corrupción y la represión”, explicó el funcionario del Departamento de Estado Jon Piechowski al anunciar la medida.
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Colectivo Nicaragua Nunca Más han documentado extensas violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Ortega, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y persecución sistemática contra opositores, líderes indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Un informe reciente reveló que incluso miembros del partido sandinista han sido víctimas de represalias tras criticar al régimen. Según el documento, al menos 25 sandinistas han sido detenidos recientemente, lo que evidencia una creciente persecución dentro de las propias filas del oficialismo.
“Las autoridades están consolidando un clima de miedo, donde disentir se paga con cárcel, exilio o desaparición”, advirtió Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.