La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de supuesta corrupción conocido como Coral, ha revelado que está preparada para acudir a organismos internacionales de protección a los derechos humanos. El abogado Romer Jiménez, parte del equipo legal de Cáceres Silvestre, declaró que consideran que están siendo víctimas de un "terrorismo judicial" en el caso de su defendido.
Jiménez señaló que durante los dos años que ha durado el proceso, han denunciado una serie de "violaciones" a los derechos de su defendido. Una de las últimas irregularidades mencionadas fue que, sin conocimiento del imputado ni de su defensa, la Corte de Apelación del Distrito Nacional admitió como acusación alterna y subsidiaria una querella interpuesta por la Fundación Alfredo Novel en contra de Cáceres Silvestre, quien es el principal acusado en el expediente del caso Coral.
"Estamos asistiendo a la instauración de una especie de terrorismo judicial. Tenemos a un Ministerio Público legitimado ante la población, eso lo entendemos porque ha respondido a un clamor de justicia, lo que pasa es que se ha escudado en ese clamor de justicia y en esa persecución a la corrupción, para violar normas elementales del procedimiento penal", afirmó Jiménez durante una entrevista en un programa de televisión.
El abogado enfatizó que durante dos años han estado recolectando pruebas y llevando a cabo todas las acciones legales permitidas para prepararse de cara a la audiencia preliminar y poder rebatir las acusaciones presentadas por el Ministerio Público en contra de Adán Cáceres. Sin embargo, en abril pasado se enteraron de la nueva acusación que no les notificaron.
Jiménez explicó que esta acusación se basa en una querella presentada en octubre de 2021 por la Fundación Alfredo Novel, pero que no les fue entregada hasta ahora, a pesar de que tenían el deber de notificarles según la Constitución y el Código Procesal Penal.
Ante esta situación, el equipo legal ha buscado acercarse al Congreso de la República para solicitar a los senadores y diputados que ejerzan su facultad de interpelar a los funcionarios encargados de esta persecución, tanto por este nuevo hecho como por otras supuestas violaciones.
Asimismo, Jiménez mencionó que están preparados para recurrir a organismos internacionales de protección a los derechos humanos en caso de que los tribunales y el Congreso no les den la razón.
"Hemos exigido el respeto a los derechos que tiene nuestro cliente como imputado. El Ministerio Público tiene derecho a llevar a cabo su investigación, pero debe hacerlo respetando los parámetros que establece la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, y precisamente en este sentido que el Ministerio Público no termina de cumplir su rol frente a la sociedad", concluyó Jiménez.