Santo Domingo.- La abogada Laura Acosta, que representa al Estado con Nassef Perdomo en el caso de Los Tres Brazos, aseguró que el expediente está bien fundamentado, que hubo irregularidades en la compra de los terrenos y lo llevarán hasta las “últimas consecuencias”.
Confió que las actuales autoridades del gobierno del presidente Luis Abinader continuarán el caso.
Dijo que desconoce la demanda, querella, acusación o sometimiento que hará Inversiones Fernández Parache & Asociados S. A, a través de los abogados Abel Deschamps, Marino Félix y Tomás Olivero, contra el expresidente Danilo Medina, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y exfuncionarios por abuso de poder y daños con el caso de Los Tres Brazos, que según ellos, no tiene fundamento.
Fue consultada sobre declaraciones del abogado Abel Deschamps este pasado jueves en El Sol de la Mañana, de RCC Media, que tipificado de infundado el expediente.
La doctora Laura Acosta dijo que hay que ver la acción que ellos interpongan por abuso de poder.
“Ahora lo que sí yo puede decir, contrariamente lo que afirmó ayer (jueve) es que ese expediente no es ningún montaje, que ese expedientes está sumentamente bien fundamentado, y que de lo que se trató de una vente irregular de terrenos del Estado dominicano y que se produjeron maniobras fraudulentas para lograr validar esa venta y hacer la transferencia”, adujo.
Aseguró que el expediente está fundamentado y sustentado en elementos probatorios.
La representante del Estado con el abogado Nassef Perdomo sostuvo que pueden poner todas las querellas y acciones judiciales que quieren poner la defensa de Inversiones Fernández Parechez & Asociados S.A.
“Ahora el proceso judicial, tanto en la jurisdicción inmobiliaria como en la jurisdicción penal, se va a conocer y es ahí que hay que defenderse”, puntualizó.
Explicó que en la jurisdicción inmobiliaria el caso se encuentra en el Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original del Distrito Nacional.
Señaló que en la pasada audiencia se ordenaron una seria de medidas de instrucción, historiales del inmueble de su decreto desde que fue registrado hasta la fecha, para hacer constar como ya se depositó en el tribunal, porque ya el registro mandó esos informes, que contrario a lo denunciado por los imputados en el proceso penal, sí existía un decreto de 1977 que había expropiado esos terrenos, y que se encontraba registrado en el registro de Títulos del Distrito Nacional, y por tanto nadie pudo decir que ese decreto existía.
“Para eso pedimos los historiales del inmueble y para ver todas las transferencias registradas realizadas y para ver si hay terceros que puedan resultar afectados”, agregó.
Laura Acosta señaló que se pidió además un informe de excepción de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, que corroboraron que los trabajos de deslinde que se hicieron en esos terrenos fueron irregulares y violatorios de todos los reglamentos.
Puso como ejemplo los trabajos de deslinde que hicieron los agrimensores que son imputados en el proceso y que declararon ante Mensuras para presentar sus trabajos que esos eran terrenos “yermos”; es decir que ahí no había nadie, cuando hay un barrio construido.
Especificó que además esa persona luego del contrato de compra venta donde dice que había que respetar lo inmuebles que tenía el Estado ahí adentro, como escuelas, centros deportivos y destacamentos, después intentaron un desalojo de una escuela del ministerio de Educación.
La doctora Laura Acosta precisó que se puede tener quejas con las autoridades porque ella también las tiene, pero que el proceso es otra cosa.
“El proceso es un montaje mal montado, mal fundamentado, no, eso es falso. Está bien fundamentado, está sustentado en elementos probatorios claros, tanto en el público como en el proceso inmobilario”, dijo.
Expresó que los terrenos valorados por la DGII y Catastro iban aser asignados a una empresa a precio de “vaca muerta” que serían vendidos cuatro y cinco veces más caros a los habitantes de Los Tres Brazos.
“Eso es lo que estaba a punto de ocurrir. En vez del Estado venderlo directamente como había hecho hasta el momento, se le vendieron a un tercero, incurriendo incluso en una evasión porque van a la DGII y declaran un terreno en cuatro millones de pesos, que la DGII dice que vale 104 millones, y pagan impuestos como si valiera cuatro millones de pesos; pero además no le han pagado al Estado dominicano, y sin embargo se transfirieron los terrenos, evidentemente con la anuencia de quien debió vigilar y con la anuencia de quien debió supervigilar. Entonces eso no estaba a punto de salir a favor de los habitantes de Los Tres Brazos, eso estaba a punto de colocar a los habitantes de Los Tres Brazos en una situación de comprarle a un tercero a un precio por encima de lo que el Estado le estaba vendiendo ahora”, explicó.
La representante del Estado negó que tengan aval jurídico los que compraron los terrenos.
Al explicar el historial de los terrenos de Los Tres Brazos, que trataron de vender sin pasar por el Congreso Nacional, garantizó que hay pruebas del fraude y de las irregularidades.
Precisó que el Estado compró en 1995 a 146 pesos el metro y se le vendieron a Infepa en 2010 a 20 pesos el metro.
Destacó que eso fue un “fraude monumental” y que tiene como 400 elementos de pruebas.
“Entonces no nos dejemos engañar. En Esto hay que tener continuidad del Estado y yo creo que se va a tener continuidad del Estado porque yo confía en el Ministerio Público actual, y confía que las autoridades actuales, doña Milagros Ortiz Bosch que es la que sustituye a Lidio Cadet en esa comisión, y Antoliano Peralta van a continuar este proceso, no me cabe la más mínima duda, pero además nosotros los abogados del Estado dominicano tenemos una responsabilidad con el Estado que nos contrató, y vamos a continuar este proceso hasta las últimas consecuencias, palabrita que no son muy buenas porque el que dice hasta las últimas consecuencias generalmente no hace nada, pero yo creo que he demostrado que he llegado hasta las últimas consecuencias”, concluyó al fondo.