Aspirantes a la Defensoría del Pueblo denunciaron que la Cámara de Diputados y el Senado de la República incurren en violación a la constitución, en el proceso para la escogencia de ese alto cargo.
José Christopher, quien fungió como vocero, sostuvo que el párrafo único del artículo 192 de la carta magna, establece que una vez vencido el plazo para que la Cámara Baja escoja y presente las ternas para la elección del Defensor del Pueblo, será la Suprema Corte de Justicia quien deberá presentar las propuestas al Senado, y que en este caso no ha ocurrido de esa manera.
Christopher, acusó al presidente de los Diputados, Alfredo Pacheco Osoria de armar un “mamotreto de aposento”, para favorecer al ex diputado y dirigente político Fidel Santana, ya que alegadamente este le beneficiaria con el 25% del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, además de darle una cuota de los empleados de ese estamento estatal.
“Hoy hemos venido hasta aquí, frente al Congreso Nacional acompañado de diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, para denunciar la violación al artículo 192 de la constitución y la Ley 19-01 en que han incurrido los diputados y senadores, tenemos informes que habido soborno de por medio, se ha establecido un acuerdo político entre Alfredo Pacheco y Fidel Santana, para repartirse la Defensoría del Pueblo como si fuera un botín, lo que constituye un fragrante delito y un duro golpe a nuestra institucionalidad democrática”, declaró José Christopher a los medios de comunicación.
De su lado, el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar y el jurista Francisco Núñez Cáceres, lamentaron que los congresistas y principalmente desde la Cámara de Diputados, se haya propiciado el irrespeto a la carta magna, al incurrir en violación al debido proceso en el mecanismo de elección para una posición tan importante como la Defensoría del Pueblo, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.