Santo Domingo.- El abogado Jorge Hilario aseguró que no tendrá «éxito» la apelación del Ministerio Público contra la sentencia del «no ha lugar» de los implicados en la venta ilegal e irregular de los terrenos de Los Tres Brazos en Santo Domingo Este.
Sostuvo que sin embargo la apelación es un derecho del Ministerio Público.
Precisó que es un plazo de 20 días y que en los próximos 10 días el Ministerio Público estará apelando el «no ha lugar» emitido por el juez del sexto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró a favor de todos los implicados en la venta irregular de los terrenos donde está ubicado el sector Los Tres Brazos.
El abogado Jorge Hilario, de algunos de los imputados, dijo que la decisión fue leída el día ocho de junio.
Al ser entrevistado en El Sol de la Mañana de RCC Media, el de mayor influencia e internacional, presente en los grandes eventos, afirmó que no existe oportunidad para lo que se denomina «el saneamiento procesal» o arreglar los «entuertos».
«Ya este es un caso que se podría recurrir. Entiende que la sentencia no tiene vicios que permitan su anulación en corte, sin embargo es un derecho legítimo que tiene el Ministerio Público que no podemos detener», acotó.
El abogado abogado Jorge Hilario manifestó que como profesional del Derecho y ciudadano esperan que los recursos se utilicen en otros procesos que sí contienen elementos de pruebas y que pueden ser salvados o sí el juez podría una decisión distinta.
«Pero en este caso con los elementos de pruebas existentes y ese ejercicio meticuloso, prueba por prueba, que hizo ese magistrado entiendo no tendría éxito una apelación, pero tenemos que insistir es un derecho legítimo que tiene el Ministerio Público», expuso.
La acusación establecía que Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), vendió ilegalmente el terreno en que se encuentra localizado el barrio Los Tres Brazos.
Además del exdirector de Corde, en el expediente figuraban como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
También Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también acusaba a la empresa Teknowlogic Dominicana S.R.L.