Santo Domingo, RD.- El periodista Julio Martínez Pozo, coordinador de El Sol de la Mañana del Grupo RCC Media, reveló que los tres jueces que están relacionados a la operación Camaleón en reiteradas ocasiones han declarado la extinción penal casos de corrupción.
“Varios casos de corrupción que se han agotado porque no han podido ser conocidos dentro del plazo que se establece para su conocimiento… han ido a la extinción penal… declarada por ese tribunal”, dijo el comunicador Martínez Pozo haciendo referencia a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista.
Asimismo, dijo que cada vez que se extingue un caso por exceder el tiempo para conocimiento, “ha sido contra la voluntad y enfrentando las posiciones del Ministerio Público porque ellos no han tenido más opción que aplicar la Ley”.
Explicó que los magistrados Pérez Santana, Santini Perera y Méndez Batista también conocieron el caso del ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
“¿Qué ocurre?, que yo pudiera pensar que ellos hicieron eso de manera intencional porque ellos quisieran salir del caso Jean Alain”, dijo el comunicador.
Continuó expresando que para estos magistrados “es una misa de salud que los recusen y los saquen del caso Jean Alain”.
Martínez Pozo dijo que esto ocurre porque se someten casos de corrupción con expedientes que no pueden sustentarse.
Los abogados de José Ángel -Jochi- Gómez Canaán, uno de los principales acusados en la operación Camaleón, presentaron una querella contra los tres jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Según alegan, los magistrados supuestamente intimidaron y presionaron a la jueza Fátima Veloz, para que dictara prisión preventiva contra su defendido.
El abogado Carlos Balcácer, representante de Gómez Canaán, informó que la querella es contra los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista.
“Esos tres jueces, sin ser víctimas, se autoproclamaron como tales para sorprender la buena fe del vigilante que tenía ordenes de la jueza de la instrucción para no dejar entrar a nadie, dado el carácter discreto de toda medida de coerción”, dijo Balcácer.
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