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A solicitud de la Fiscalía de Puerto Plata, el Tribunal de Atención Permanente de este distrito judicial dictó un año de prisión preventiva contra Bolívar Manuel De la Cruz, a quien el órgano persecutor le imputa la violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.
La medida fue adoptada por el juez Romaldy Marcelino Henríquez, tras la investigación liderada por la fiscalizadora Hilda Patricia Lagombra Polanco, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal los riesgos que implicaría aplicar una medida diferente a la prisión preventiva para el desarrollo del proceso.
La Fiscalía realizó un allanamiento en la vivienda del imputado el pasado 16 de noviembre de 2024, donde se confiscó una variedad de evidencias relacionadas con actividades ilícitas de tráfico de drogas.
En el lugar se encontraron porciones de sustancias controladas, incluyendo siete gramos de un polvo rosado presumiblemente cocaína (TUSSI), 200 gramos de un vegetal presumiblemente marihuana, y 12.7 gramos de un material cristalino presumiblemente éxtasis (Molly).
Además, se hallaron herramientas para el empaquetado al vacío y fundas diseñadas específicamente para la distribución de drogas, lo que refuerza la presunción de la participación del imputado en actividades de tráfico.
Frente a la residencia del imputado, se inspeccionó un vehículo Hyundai gris, placa PP127118, dentro del cual las autoridades encontraron cinco fundas de empaque con imágenes de extraterrestres y mujeres, similares a las ocupadas en un allanamiento previo.
Cerca del vehículo se incautó una motocicleta Suzuki modelo Address V125, que contenía elementos visuales coincidentes con las fundas de empaque utilizadas para la distribución de sustancias ilícitas.
El Ministerio Público, representado en audiencia por la procuradora fiscal Ana Mariela Hernández, ha calificado provisionalmente los hechos como violaciones a los artículos 4, 5, 6, 9, 28, 75 y 81 de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado Dominicano.
Las sustancias confiscadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis y confirmación oficial. Además, el Ministerio Público continuará fortaleciendo la acusación con las pruebas obtenidas y el testimonio de los agentes involucrados.
La medida coercitiva impuesta deberá ser cumplida por el imputado en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.