La Cámara de Diputados dio luz verde este miércoles, en primera lectura, a la propuesta de modificación de la Ley 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el objetivo de garantizar la elección del nuevo procurador general de la República en un plazo de 100 días a partir del 16 de agosto, según lo establece el artículo 171 de la nueva Constitución promulgada el pasado 27 de octubre.
La iniciativa, que será discutida en segunda lectura al retomarse las sesiones legislativas en enero, ya fue aprobada previamente por el Senado. Esta fue presentada por los senadores Ricardo de los Santos y Omar Fernández, ambos integrantes del CNM.
Entre los puntos clave de la modificación destacan los cambios en los artículos 2 y 3, relacionados con la composición y las funciones del CNM, y la incorporación de un capítulo XII que introduce nuevos artículos.
El artículo 2, referente a la composición del CNM, establece que estará integrado por el presidente de la República o, en su ausencia, la vicepresidenta; el presidente del Senado, un senador de la segunda mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado de la segunda mayoría, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y un juez de la misma, así como el presidente del Tribunal Constitucional (TC).
El artículo 3, por su parte, detalla que las funciones del CNM incluyen nombrar jueces de la SCJ, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral (TSE), al procurador general de la República y procuradores adjuntos, a solicitud del presidente. También contempla la evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ.
Una de las novedades es la exigencia de que el nombramiento del procurador general requiera al menos cinco votos. Asimismo, el artículo 16 estipula que los miembros del CNM deben abstenerse de participar en la elección de un cargo al que aspiren, como juez o procurador general. Una vez promulgada la ley, el CNM tendrá un plazo máximo de 30 días para ajustar su reglamento.
Bajo la nueva Constitución, el CNM está compuesto por:
La reforma busca asegurar un "Ministerio Público independiente", una de las principales promesas de reforma del presidente Luis Abinader, quien renunció a la facultad de designar al procurador general.
En 2020, Miriam Germán fue nombrada en el cargo, y aunque cuenta con respaldo para continuar, ha expresado su intención de no seguir más allá de los cuatro años. El presidente solicitó a Germán que permanezca en el cargo hasta que se complete el proceso de selección del próximo titular del Ministerio Público.