Diputados de diferentes bancadas manifestaron este viernes su desacuerdo con la reciente medida del Ministerio de Administración Pública (MAP), que exige a los empleados públicos presentar facturas de servicios básicos.
En ese sentido el diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, calificó la decisión como una falta de respeto y una violación a la privacidad de los ciudadanos, al tiempo que cuestionó la necesidad de la medida.
«Estos funcionarios solo están poniendo huevos; que realmente se pongan a gobernar», expresó el legislador, señalando que las acciones del MAP se asemejan a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, que ha sido criticada por invadir la vida privada de los ciudadanos.
«¿Qué le interesa al MAP si la persona paga o no paga los servicios?», preguntó.
El ministro de la Administración Pública, Sigmund Freund, en defensa de la medida, indicó que se busca analizar los perfiles de los empleados, argumentando que esa información ya se maneja en redes sociales. Sin embargo, Crespo criticó la falta de dirección del Gobierno, afirmando que sus funcionarios no tienen planes concretos y que el país está «suelto en banda».
El diputado Juan Medina, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también se pronunció en contra de la circular, considerándola una humillación para los empleados públicos.
«Ellos tienen la computadora; saben quién debe y quién no. Y Edesur, Edenorte y Edeeste simplemente cortan el servicio cuando hay deudas», expresó.
Mientras que, Eugenio Cedeño, también del PRM, insistió en que el MAP no tiene la autoridad para imponer medidas coercitivas contra los empleados públicos. «Ningún empleado está obligado a cumplir con esos requerimientos; debe ser dentro de un marco de colaboración», argumentó, señalando que cualquier revisión debería centrarse en el bienestar económico de los empleados.
La citada medida ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la transparencia gubernamental y el respeto a la privacidad de los ciudadanos, mientras la Administración continúa enfrentando críticas por su gestión. La solicitud de datos personales ha levantado alarmas sobre el potencial de vigilancia estatal y el respeto a los derechos individuales.