Santo Domingo, (EFE).- El director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, puso hoy su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, luego de que su nombre presuntamente figurara en documentaciones en poder de varios acusados de supuesta corrupción.
En una carta dirigida al ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, el director del Cestur afirma que tomó esa decisión "con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance sin obstrucción alguna la investigación que tiene en curso", que ha sido denominada Operación Coral.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, Torres Robiou afirma que esta "responsable decisión es un acto de civilidad, humildad y honor".
Asimismo, que la toma para "beneficio y protección al turismo y a la defensa nacional".
"No debo permanecer al frente de una institución que respeto, si los censores públicos la están señalando por hechos ajenos que podría arrastrar la entidad", afirma el general en el comunicado difundido por Defensa.
De acuerdo a publicaciones de varios medios, el general Torres supuestamente paga 3,000 dólares al mes por el alquiler de una casa ubicada en Las Terrenas, Samaná, que es uno de los inmuebles objeto de investigación por el Ministerio Público, que acusa a varias personas de un entramado de corrupción.
Este miércoles, precisamente, la audiencia para conocer las medidas de coerción a los implicados en la operación Coral de la Fiscalía fue aplazada para el viernes venidera.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra los cinco detenidos en el caso, entre ellos el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina.
También están implicados la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fue