Infobae- El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha propuesto una nueva normativa que eliminaría progresivamente el controversial programa que permite a algunos empleadores pagar a los trabajadores con discapacidades menos del salario mínimo federal, actualmente fijado en 7,25 dólares la hora. Esta medida, parte de la Ley de Normas Justas de Trabajo de 1938, busca aplicar un cambio significativo en el mercado laboral estadounidense.
De acuerdo con la propuesta del departamento, se pretende acabar con la emisión de nuevos certificados que permiten este tipo de pago y establecer un periodo de eliminación gradual de tres años para los empleadores que ya poseen estas certificaciones. El objetivo es que, una vez implementada la normativa definitiva, más trabajadores puedan acceder a empleos que ofrezcan salarios completos y justos. Según explicó Julie Su, Secretaria de Trabajo en funciones, al Departamento de Trabajo, “el cambio propuesto es una clara muestra del compromiso de la administración Biden-Harris con trabajos dignos para personas con discapacidades”.
En una cobertura de The New York Times, se destaca que esta iniciativa tiene raíces profundas, ya que el artículo 14(c) de la Ley de 1938 originalmente pretendía ofrecer empleos a veteranos militares lesionados. Sin embargo, con el transcurso de las décadas, el programa fue objeto de fuertes críticas por perpetuar desigualdades económicas. Según informó Taryn Williams, secretaria asistente de empleo para discapacitados, al New York Times, “esta propuesta ayuda a asegurar que los trabajadores con discapacidades tengan acceso a oportunidades laborales equitativas, reforzando la creencia de que todos los trabajadores merecen compensación justa”.
Datos citados por CBS señalan que actualmente hay alrededor de 40.000 trabajadores en Estados Unidos que reciben menos de la mitad del salario mínimo federal, y muchos inclusive ganan apenas centavos por dólar trabajado. Esta situación es resultado de aproximadamente 710 empleadores que tienen en vigencia certificados de pago por debajo del mínimo hasta el 1 de noviembre. “Muchos ganan menos de la mitad, algunos ganan solo centavos por dólar”, compartió Taryn Williams durante una rueda de prensa, destacando la urgencia de la reforma.
A pesar del entusiasmo por la nueva regla, esta podría enfrentarse a múltiples desafíos legales y posiblemente revertirse bajo futuras administraciones. De acuerdo con el New York Times, existen debates en cuanto a si el Departamento de Trabajo tiene la potestad para modificar el programa o si esta acción debería pasar por el Congreso. “Las empresas se opondrán a esta medida”, comentó Doron Dorfman, profesor de ley de discapacidad y empleo en la Universidad de Seton Hall, al New York Times. “Va a ser una dura batalla”.
Algunas organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidades han celebrado esta acción. Maria Town, presidenta de la Asociación Americana de Personas con Discapacidades, dijo al New York Times que estos certificados están basados en “nociones falsas, profundamente defectuosas y capacitistas”, reflejando un sistema que considera menos valiosas las contribuciones laborales de las personas con discapacidades.
Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por todos. Algunos padres de adultos con discapacidades han expresado preocupación por la posible pérdida de oportunidades de trabajo o beneficios de la Seguridad Social. La Coalición para la Preservación de la Elección de Empleo ha argumentado, aunque no respondió directamente a consultas recientes, que eliminar el estatuto reduciría la cantidad y la diversidad de oportunidades laborales para personas con discapacidades.
El Departamento de Trabajo ha manifestado la intención de revisar los comentarios del público sobre la propuesta hasta el 17 de enero. Esta etapa permitirá recoger las variadas opiniones de los implicados, desde trabajadores con discapacidades hasta defensores de derechos y servicios de apoyo. “El principio que guía el lugar de trabajo estadounidense es que una jornada de trabajo ardua merece una paga justa”, declaró Jessica Looman, Administradora de Salarios y Horarios.
Este proceso, que comenzó con una revisión integral del programa en septiembre, apuesta por un futuro en el que las oportunidades y los entornos laborales sean más inclusivos y justos para todos los trabajadores, promoviendo su independencia económica y mejorando su inserción laboral.