Estados Unidos continúa “profundamente preocupado por el camino autoritario” de Nicaragua, cuyo escenario se ha agravado tras las elecciones generales de noviembre. Washington insiste en que esos comicios no contaron con todas las garantías de un proceso libre y transparente e insta a sus socios y aliados a seguir presionando al Ejecutivo de Managua.
“Tal y como dice el presidente (Joe) Biden, lo que orquestaron el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo el 7 de noviembre fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa”, expresó Emily Mendrala, subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EEUU.
La funcionaria, que participó en una sesión del grupo de pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en Washington, para abordar la situación en el país centroamericano, insistió en que el actual Gobierno de Managua “ya no tiene mandato democrático”.
Ante esta situación, Mendrala se comprometió a seguir “usando las herramientas diplomáticas y económicas” a su disposición para “apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad” con el objetivo de lograr unas “elecciones libres y justas”.
La Casa Blanca es consciente de que este movimiento no puede hacerse de forma independiente, sino que se necesita el apoyo mayoritario de los gobiernos del continente. Por eso, Mendrala, en nombre de la administración, instó a los “socios afines en la región y de todo el mundo que apoyan los valores democráticos a unirse en estos esfuerzos”.
“Estamos con el pueblo nicaragüense que busca un gobierno que respete la voluntad del pueblo y el proceso democrático”, agregó al respecto.
A finales del año pasado, el Gobierno de Estados Unidos, con apoyo bipartidista, dio luz verde a la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como la Ley Renacer, cuya finalidad es presionar aún más a Ortega y Murillo ante la falta de garantías democráticas y las acciones represivas contra los opositores y activistas contrarios al Ejecutivo del país centroamericano.
Mendrala celebró que esta ley permitiera “ampliar la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Nicaragua”, entre otras medidas.
“Hemos aplicado sanciones a 46 personas y 9 entidades desde diciembre de 2017 y hemos trabajado para coordinarnos para implementar sanciones en conjunto con Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido”, expuso.
También, desde que “comenzó la represión más reciente, en junio de 2021, se han tomado medidas para aplicar restricciones de visa a más de 280 nicaragüenses. Continuaremos usando estas herramientas diplomáticas y económicas para aumentar la presión”, aseguró.
Al mismo tiempo, recordó que “también se han tomado medidas enérgicas a través de organizaciones multilaterales, incluida la OEA (Organización de los Estados Americanos) y la ONU (Naciones Unidas)” para “aprobar una serie de resoluciones y condenar las acciones del régimen de Nicaragua”.
Además, señala que el Gobierno de Nicaragua incumplió sus compromisos de la Carta Democrática Interamericana, que firmó hacer 20 años, permitiendo que “sus ciudadanos tengan derecho a la democracia” y que el “Gobierno de Nicaragua tiene la obligación de promover y defender ese derecho”.
“El régimen de Ortega y Murillo no ha cumplido con este compromiso para tener unas elecciones creíbles, ha silenciado y ha arrestado a los opositores y, en última instancia, ha tomado medidas para establecer una dinastía familiar autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense”, denunció.
En esa línea, mencionó que en abril se cumplieron cuatro años de la “sangrienta represión del gobierno nicaragüense contra las protestas populares generalizadas” y lamentó que, a pesar de todos los esfuerzos, “la crisis continúa” en el país.
“Desde 2018, los nicaragüenses han sufrido un recrudecimiento de la represión, el cierre de todos los espacios democráticos, el exilio de miles de periodistas, miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y figuras de la oposición, y un número creciente de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes nicaragüense en toda la región”, destacó la funcionaria.
Con todo, criticó que desde Managua se siguiera “manteniendo a los presos políticos en condiciones deplorables, negándoles el acceso a sus familias, representantes legales y medicamentos necesarios”.
“Hacemos un llamado al régimen de Ortega y Murillo para que libere de inmediato a los injustamente encarcelados por denunciar los abusos”, dijo.
A modo de conclusión, aseguró que Estados Unidos sigue “comprometido como siempre con la restauración de la democracia en Nicaragua” y agradeció el gesto de otras naciones para unirse a los esfuerzos “para apoyar y dar esperanza al pueblo de Nicaragua, que aspira a elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas”.
“El mundo no será disuadido por el régimen autocrático, y nos solidarizamos con el pueblo nicaragüense”, añadió.
Según se ha sabido en los últimos días, un hijo del presidente Daniel Ortega, una figura influyente en el gobierno izquierdista de Nicaragua, se ha acercado discretamente a la administración del presidente Joe Biden en un esfuerzo por volver a comprometerse con Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.
La propuesta de Laureano Ortega llega en un momento en que él y otros miembros de su familia y el círculo íntimo de su padre están bajo sanciones de Estados Unidos y Managua ve a su aliado Rusia cada vez más aislado por Washington y otras potencias occidentales por la guerra en Ucrania.
El gobierno de Estados Unidos confirmó que mantiene "una comunicación bilateral" con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua pero no ha dado más detalles al respecto.
Fuente: VOA