El comentarista del Sol de la Tarde, del grupo RCC Media, Ricardo Nieves, informó que un hombre conocido como "La J" logró obtener una carta de buena conducta, a pesar de que tiene un extenso historial delictivo, que incluye más de diez procesos judiciales pendientes y múltiples órdenes de arresto en su contra.
El también abogado y catedrático universitario señaló que el presunto malhechor cuenta con diez fichas, pero sorprendentemente no figura con antecedentes penales. En sus palabras, resulta inadmisible que las autoridades competentes hayan otorgado una carta de buena conducta a una persona con un historial criminal tan amplio y pendiente de investigación.
El comentarista expresó su preocupación ante esta situación y cuestionó cómo las autoridades competentes pudieron otorgarle una carta de buena conducta bajo estas circunstancias.
Además, Ricardo Nieves afirmó que tanto las actuales como las pasadas autoridades tienen conocimiento de que en el Cibao existen dos bandas criminales que se disputan el control del microtráfico y las drogas. Según sus palabras, estas "dos cabezas" son conocidas por los órganos estatales pertinentes.
El comentarista insinuó que estas bandas no podrían operar sin el apoyo y la complicidad pagada de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos estatales encargados de perseguir los crímenes y delitos en el país.
Este hecho ha generado un debate acalorado en la opinión pública, ya que plantean serias dudas sobre la integridad de las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad en el país. La entrega de una carta de buena conducta a un individuo con un historial delictivo tan extenso ha generado sospechas sobre posibles irregularidades y corrupción en el sistema judicial y policial.
Mientras tanto, la sociedad civil y diversas organizaciones han expresado su preocupación por la impunidad y la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado. Exigen que se realicen investigaciones exhaustivas y se sancione a aquellos responsables de permitir la operación de bandas delictivas con la complicidad de organismos estatales.