El sector empresarial presentó este miércoles a la comisión del Senado que analiza la reforma laboral su apoyo a mantener la cesantía, pero con un límite máximo de seis años para empleados nuevos, siguiendo el modelo implementado en varios países de la región.
Además, propusieron establecer un tope de 10 salarios mínimos como base para el cálculo de la liquidación. Esto implica que el monto a pagar por cesantía estaría limitado a un salario equivalente a 10 veces el mínimo correspondiente al sector laboral del empleado.
"Hay alternativas, y más bien, esto se logra a través del diálogo, pero que el término 'infinito' no exista, más bien que exista algo que sea previsible, que no signifique una carga para las empresas seguir mejorando los salarios", expresó Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en su rol de vocero de los gremios.
Durante más de dos horas, representantes de once asociaciones empresariales propusieron que el nuevo régimen laboral, que modificará el Código de Trabajo de 1992, se aplique únicamente a los contratos laborales firmados después de la entrada en vigencia de la nueva ley, esto garantizaría que las condiciones de trabajo se ajusten a los cambios propuestos sin afectar a los empleados actuales.
"Hemos reiterado que no hay una disposición de que se elimine la cesantía, pero más bien, hay un espacio para profundizar en el diálogo para revisar aspectos de ese tema y llegar al mejor acuerdo posible", puntualizó Marranzini.
La propuesta será presentada por escrito ante la comisión del Senado, presidida por Rafael Barón Duluc, senador de La Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Posteriormente, esta comisión rendirá un informe al pleno del Senado, que debe someterlo a votación en dos sesiones consecutivas. Si se aprueba, la propuesta será enviada a la Cámara de Diputados para seguir el mismo proceso y, finalmente, regresará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Tras la reunión, el sector empresarial emitió un comunicado en el que destacó la importancia de que el Código Laboral impulse el empleo formal, dado que, según datos del Banco Central correspondientes a septiembre de 2024, la informalidad afecta al 55.3 % de la fuerza laboral en el país.