Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago conocerá este lunes desde las 10 de la mañana la solicitud de medida de coerción contra 23 personas vinculadas a la supuesta red de lavado de activos del narcotráfico, desmantelada mediante la Operación Falcón.
Este lunes la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, conocerá la medida de coerción para la mayor parte de los imputados que están bajo arresto.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista y Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony o Presidente).
Igualmente, Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y Angélica María Maldonado Peralta.
Además, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
La Operación Falcón deriva de una amplia investigación que durante casi un año llevó a cabo la gestión de la procuradora Miriam Germán Brito, a través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Los arrestados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado y la cooperación internacional, serán llevados a la justicia por la fiscalía de Santiago, que dirige Osvaldo Bonilla, ya que sus principales implicados tenían como base de operación esta provincia de la región norte del país.
La red de lavado desmantelada por la Operación Falcón realizó cuantiosas inversiones con dinero obtenido durante años por una amplia estructura criminal que introdujo a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa miles de kilos de cocaína desde 2012.