El excónsul haitiano Edwin Paraison, lamentó que voces en los medios y en las redes sociales sigan promoviendo la enemistad entre República Dominicana y Haití.
En un comunicado enviado a la prensa, el exfuncionario haitiano aseguró que actores buscan influir no solo en las políticas públicas, sino también incitar a ciudadanos comunes a intervenir en áreas sensibles como la gestión migratoria
A continuación el comunicado íntegro de Paraison
Las relaciones entre la República Dominicana y Haití atraviesan nuevamente un momento de preocupación, evocando ecos del pasado conflictivo del siglo XIX, marcado por la construcción de los Estados-nación de ambos países. Sin embargo, la realidad actual es diferente. La interdependencia entre ambas naciones, particularmente en la zona fronteriza, se ha demostrado claramente durante la reciente disputa sobre la construcción de un canal de riego en Ouanaminthe, en Haití. Esta constatación nos impulsa hacia una política de buena vecindad, cooperación y solidaridad.
Es lamentable que, a pesar de esta realidad, algunas voces en los medios y en las redes sociales sigan promoviendo la enemistad entre los dos pueblos. Estos actores buscan influir no solo en las políticas públicas, sino también incitar a ciudadanos comunes a intervenir en áreas sensibles como la gestión migratoria, un campo que pertenece exclusivamente a las autoridades y que debe ser manejado conforme a la ley, sin ambigüedades.
La grave crisis que atraviesa Haití no debería ser motivo para romper la fraternidad, la solidaridad y la paz social que debemos garantizar en nuestra isla compartida. Las recientes manifestaciones marcadas por hostilidades de sectores que se identifican con un cierto nacionalismo y la decisión de la República Dominicana de repatriar hasta 10,000 haitianos por semana generan legítimas preocupaciones de los sectores solidarios de ambos países, así como inquietudes a nivel internacional. Esta medida parece ser una respuesta a la falta de acción de la comunidad internacional frente a los reiterados llamados del gobierno dominicano para reducir el impacto de la crisis haitiana en su territorio.
Es importante señalar que la República Dominicana no está sola en sus críticas hacia la indiferencia internacional. Figuras influyentes, como el Papa Francisco, han expresado repetidamente sus preocupaciones sobre la situación en Haití. Más recientemente, el secretario general de las Naciones Unidas también cuestionó la falta de atención al caso haitiano, subrayando que muchos actores internacionales prefieren financiar conflictos en lugar de destinar recursos a la estabilización de Haití.
Aunque la frustración dominicana respecto a la comunidad internacional es comprensible, es difícil justificar moralmente la expulsión de personas que huyen de la violencia en Haití. La situación actual refleja más de 700,000 desplazados internos, y los recientes ataques de la banda «Gran Grif» en el bajo Artibonito han causado numerosas víctimas. Las infraestructuras de Haití están gravemente deterioradas, careciendo de capacidad para recibir eficazmente a un gran número de repatriados, lo que podría agravar la inestabilidad y el sufrimiento humanitario.
La repatriación masiva en tan poco tiempo plantea desafíos humanitarios, legales y sociales. Por lo tanto, es esencial que este proceso se desarrolle de manera transparente, garantizando los derechos de las personas afectadas. En este sentido, entre las nuevas disposiciones dominicanas, el «Protocolo de Identificación de Migrantes Ilegales y su Retorno Asistido», que propone una colaboración con las autoridades haitianas y condiciones de retorno dignas, es un avance positivo. Si se aplica correctamente, puede representar un paso importante para asegurar la coordinación y asistencia consular necesarias, y preservar los derechos de los repatriados.
Asimismo, el énfasis en la formación continua de inspectores en la gestión de crisis migratorias y derechos humanos, así como la lucha contra el tráfico de personas, son prometedores y conducirán a una gestión profesional y respetuosa de la ley. Estas disposiciones parecen expresar la voluntad dominicana de marcar una diferencia con los errores y debilidades en la gestión reciente de las repatriaciones. La contraparte haitiana, según la letra y el espíritu del acuerdo de 1999 sobre las repatriaciones, debería por su parte lanzar una campaña de sensibilización, particularmente en la región fronteriza y las zonas proveedoras de migrantes, para disuadirlos de emprender viajes clandestinos hacia la República Dominicana.
Dada la naturaleza transfronteriza del tema, es imperativo coordinar esfuerzos con agencias de la ONU como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ya colaboran con el gobierno dominicano, para asegurar un proceso de repatriación conforme a las convenciones internacionales en la materia y preservando la dignidad humana.
Para evitar errores del pasado en las operaciones de repatriación, como dar la impresión de una caza de personas, es esencial que los afectados reciban información clara y accesible sobre sus derechos y opciones legales durante el proceso de repatriación. Las ONG y fundaciones pueden desempeñar un papel crucial en esta tarea, proporcionando asistencia legal y facilitando la regularización de ciertos casos específicos.
En el discurso público, el ejercicio soberano del derecho a la repatriación por parte de la República Dominicana no debe percibirse como una acción política contra Haití o sus nacionales, ya que esto podría aumentar la estigmatización y el sentimiento de rechazo hacia el pueblo vecino y hermano en la sociedad dominicana. El proceso debe enmarcarse en un diálogo continuo entre las autoridades dominicanas y haitianas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias. Este diálogo es esencial para implementar efectivamente las nuevas medidas y abordar las preocupaciones reales de las partes involucradas.
Desde hace más de un año, la República Dominicana ha cerrado unilateralmente sus fronteras con Haití, lo que ha provocado la suspensión de la entrega de visas (excepto 131 a sindicatos de transportistas de mercancías en beneficio de la RD) y, por lo tanto, restricciones a la movilidad de personas para actividades comerciales y profesionales, lo que ha llevado a la quiebra de empresas haitiano-dominicanas, especialmente en la hostelería, la restauración y el transporte. Las repatriaciones anunciadas tendrán nuevas repercusiones económicas en ambos países, afectando sectores como la agroindustria y la construcción en la República Dominicana, mientras que reducirán las remesas que sostienen a las capas más vulnerables de la población haitiana. Se podría esperar un eventual fenómeno de boomerang migratorio.
Además, es crucial establecer claramente que los dominicanos de ascendencia haitiana sin documentos y los solicitantes de asilo no están incluidos en estas repatriaciones. También, se deberá adoptar un enfoque sensible hacia los grupos vulnerables, mientras se regularizan las anomalías que puedan afectar a las personas pertenecientes a las siguientes categorías:
Miembros de familias mixtas
Jubilados del Consejo Estatal del Azúcar u otras personas mayores
Personas inscritas en el PNRE
Personas en proceso de renovación de residencia
Estudiantes universitarios
Niños oficialmente inscritos para este año escolar (en establecimientos privados o públicos)
Misioneros y trabajadores religiosos
Comerciantes, empresarios y jefes de empresas con operaciones en curso
Profesionales de diversos campos que no constituyen una carga para el Estado dominicano
Trabajadores de la agroindustria y obreros de la construcción vinculados a una empresa
Personas en tránsito por cuestiones migratorias o consulares
Una operación de la magnitud anunciada por el gobierno dominicano no puede llevarse a cabo sin un diálogo abierto y constante con Haití, que debe estar preparada para recibir y reintegrar a sus ciudadanos. En las circunstancias actuales, la Fundación Zile recomienda que se organice con urgencia un diálogo bilateral sobre este tema para analizar todos los aspectos relacionados. Asimismo, la colaboración de los organismos internacionales es esencial para asegurar, por un lado, un proceso respetuoso y coordinado y, por otro, contribuir a la acogida y reintegración de los repatriados. La FZ desea fervientemente que el diálogo bilateral pueda dar lugar a la reactivación de los trabajos de la comisión mixta (CMB) para abordar cuestiones importantes, incluida la normalización de los intercambios entre ambos países. Como un país con una importante comunidad migrante, la República Dominicana debe garantizar a los migrantes en su territorio el mismo trato que espera para sus propios ciudadanos en el extranjero, con dignidad, respeto y humanismo. La FZ es una organización binacional fundada en 2005 en Santo Domingo, cuya misión es promover la amistad, la solidaridad y la cooperación entre los dos pueblos de la isla. Su consejo de administración está presidido por el Rev. P. Julio Antonio Acosta (Julin) del lado dominicano y por Mons. Oge Beauvoir del lado haitiano.