Santo Domingo, (EFE).- Los implicados en el Caso Coral compraron propiedades millonarias con fondos supuestamente sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), hechos por los que una exdirectora de la entidad se encuentra bajo investigación, reveló este martes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
"Esto es terrible el impacto que tiene", dijo en declaraciones a la prensa sobre el entramado de corrupción, que presuntamente robó dinero del Estado "que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones precarias, como los que van al Conani. Es un crimen atroz y terrible", insistió.
En torno a estos hallazgos, informó de que el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también ejerció como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos con ese cargo.
Las evidencias reunidas hasta ahora contra los implicados en el expediente del Caso Coral, encabezados por el mayor general Adan Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), revelan que "el monto de los bienes adquiridos son muy superiores" a lo estimado al inicio de las investigaciones.
"Hoy podemos decir que andan por más de los 700 millones de pesos las operaciones, cuando preliminarmente el monto era muy inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes", sostuvo la procuradora adjunta.
Indicó que esas nuevas posesiones y montos han sido incorporados al expediente y han arrojado mayor información con respecto a cómo operaba el entramado y a presuntas maniobras fraudulentas de la compañía Único Real State, bajo control de la pastora Rossy Guzmán, quien también guarda prisión preventiva, al igual que su hijo Tanner Flete Guzmán.
Reynoso también se refirió a una empleada bancaria que no identificó y que, a cambio de prebendas, supuestamente hacía operaciones financieras a favor del entramado y al margen de las reglamentaciones del sistema bancario.
La Operación Coral fue lanzada el pasado abril contra seis personas, entre ellas el mayor general Cáceres, hasta ese momento jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, quien es el supuesto líder de la trama corrupta y que cumple 18 meses de prisión preventiva junto a otros cuatro imputados.
Uno de los acusados, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, guarda prisión domiciliaria en un lugar no identificado.
Este oficial reveló en plena audiencia el funcionamiento de la supuesta trama corrupta en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
En la nómina de ambas instituciones se incluían a personas que no prestaban servicio, pero cobraban, aunque en realidad el dinero terminaba en manos de los altos mandos, según afirmó Girón Jiménez.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.