La reciente circular publicada por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, en la que instruye a los empleados gubernamentales a presentar constancia de pagos de servicios públicos, como los de agua y electricidad, ha generado reacción de desacuerdo en exministros de esa entidad.
Figuras como Darío Castillo y Ramón Ventura Camejo, exministros de esa institución, han expresado sus opiniones divergentes sobre las implicaciones y la necesidad de la medida, destacando así un debate significativo en torno a la regulación del empleo público y los sistemas establecidos por la Ley de Función Pública.
Ramón Ventura Camejo, quien se desempeñó como funcionario durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, instó a las autoridades del Ministerio de Administración Pública (MAP) a reconsiderar la nueva medida.
“No es posible establecer ese tipo de presiones, que afectan la dignidad y a la misma Constitución con los derechos fundamentales”, expresó. Su declaración refleja una preocupación sobre cómo estas acciones pueden impactar la integridad de los derechos de los ciudadanos y la aplicación de la ley en el ámbito laboral público.
Resaltó que esa institución cuenta con normas que tratan las responsabilidades generales de los servidores públicos, evaluación de competencias y un reglamento ético disciplinario. En este último “entrarían las prohibiciones, pero nunca en esas exigencias que hoy se quieren plantear”.
Sugiere que la falta de alineación con estándares internacionales podría resultar en tensiones entre las autoridades y los derechos laborales de los empleados públicos.
En ese sentido, para Darío Castillo, también exministro del MAP, la circular es un paso positivo en las acciones del gobierno hacia la transparencia. Según Castillo, los servidores públicos tienen la responsabilidad de demostrar que cumplen con todas las normativas y no ve inconvenientes en esta medida.
Esta perspectiva contrasta con las preocupaciones expresadas por otros exministros, que argumentan que tales presiones pueden afectar la dignidad de los empleados públicos y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.