Expediente en Operación Coral posee características propias del crimen organizado
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitará este martes prisión preventiva contra el mayor general y jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre, la pastora evangélica Rossy Guzmán, y otros encartados en el caso Operación Coral.
El Ministerio Público también pedirá que sea declarado complejo el caso por el entramado de corrupción y lavado de activos, que según la acusación, manejó más de 3 mil millones de pesos durante ocho años.
Los otros imputados en el citado caso son: Tenner Flete Guzmán, hijo de la pastora; Rafael Núñez de Aza, teniente coronel; y Raúl Alejandro Girón.
De acuerdo al expediente de 195 paginas presentado por el Ministerio Público el denominado caso Coral, posee características propias de una organización mafiosa en el crimen organizado.
Según reposa en sus investigaciones, el general Adan Cáceres, utilizó su posición, cercanía y apoyo irrestricto del exmandatario para incurrir en el desvío de miles de millones de pesos.
En sociedad con la pastora Rossy Guzmán crearon la empresa Unico Real State SRL creada para adquirir bienes, pero que no presenta operaciones, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas y utilizaron organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias.
La asociación delictiva también distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres para obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización.
Además, según la acusación falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones para distraer miles de millones de pesos de los fondos públicos.
El Ministerio Público acusan a la pastora Rossy Guzmán y al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, de lavar cientos de millones de pesos al mayor general Adán Cáceres, a través de empresas y terceras personas.
La permanencia de Rafael Núñez de Aza como Encargado Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, le permitía al imputado Adán Cáceres mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales ascendieron a unos 3 mil millones de peso durante los ochos años de gestión del expresidente Medina.
Había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargan de hacer depósitos transacciones para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado dominicano.
Además de la empresa Unica Real State SRL, dedicada a la compra de inmuebles multimillonarios que sobrepasaban significativamente su valor real, también fue creada Randa Internacional Company, constituida en el 2012 por intermediación de Manuel Guzmán, hermano de la pastora Rossy Guzman, también crearon la empresa Aldom Glass Aluminium SRL, de la cual el mayor accionista era el coronel Rafael Nuñez de Aza, y de las cuales el Ministerio Público esta solicitando su clausura.
La Asociación Campesina Madre Tierra, en su condición de Organización No Gubernamental sin fines de lucro, era utilizada como uno de los instrumentos financieros de esta organización criminal para captar, convertir y transferir activos con el propósito de ocultarlo y disimular su procedencia ilícita, blanqueando cientos de millones de pesos.