Lima, (EFE).- El Ministerio Público de Perú dispuso este viernes realizar diligencias previas sobre las denuncias presentadas contra la presidenta del país, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, entre otros, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones que sacudieron el país en diciembre pasado.
«La Fiscalía de la Nación (general) dispuso realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa (hoy ocupa el cargo de primer ministro); César Cervantes, exministro del Interior y otros», informó el Ministerio Público en las redes sociales.
Agregó que estas denuncias «tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022», que en apenas 20 días se cobraron la vida de 28 personas.
Estas protestas arrancaron luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia de Perú, tras el fallido autogolpe de su predecesor, el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), quien hoy cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión.
Las manifestaciones ciudadanas, que reclamaban la renuncia de Boluarte, un adelanto de elecciones, una nueva constitución y la liberación de Castillo, se produjeron en varias regiones del país y fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.
Las diligencias que realizará sobre este caso la Fiscalía, y que se extienden también al jefe del gabinete ministerial, quien en diciembre ocupaba el cargo de ministro de Defensa, son el primer paso a una eventual investigación preparatoria contra los imputados.
Etapa
En esta etapa inicial, el Ministerio Público verificará si ha habido actos delictivos y si hay elementos materiales de su comisión.
Una vez terminadas las diligencias preliminares, la Fiscalía puede ordenar el archivo de las denuncias o su formalización para continuar con la investigación preparatoria, en caso de que encuentre indicios reveladores de la existencia de un delito.
Esta semana, la congresista progresista Ruth Luque presentó en el Parlamento una denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Otárola y otros funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Boluarte, a quienes acusa de ser los supuestos autores mediatos por la presunta comisión de los delitos de homicidios calificado y lesiones graves, además de infracciones constitucionales.
