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Fiscales de Texas anunciaron el viernes que pedirán la pena de muerte para dos venezolanos acusados de matar a una niña de 12 años de Houston tras haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos.
La muerte de Jocelyn Nungaray fue uno de los casos que se convirtieron este año en puntos críticos del debate sobre las políticas de inmigración del país. La madre de Nungaray hizo campaña a favor del presidente electo Donald Trump, pidiendo un mejor control fronterizo tras la muerte de su hija.
La fiscal del distrito del condado de Harris, Kim Ogg, dijo que su oficina presentaría el viernes una notificación judicial oficial ante el tribunal donde se informa que los fiscales pedirán la pena de muerte para Johan José Martínez Rangel, de 22 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26.
Cada uno ha sido acusado de asesinato punible con pena capital por la muerte de Nungaray el 16 de junio. Martínez Rangel y Peña permanecen encarcelados con fianzas de 10 millones de dólares cada uno.
“El asesinato de Jocelyn fue tan vil, brutal y sin sentido como cualquier caso en mi mandato como fiscal del distrito”, dijo Ogg en un comunicado. “Y fue peor al saber que estos dos hombres estaban aquí ilegalmente y, si hubieran sido retenidos tras ser capturados en la frontera, nunca habrían tenido la oportunidad de asesinar a Jocelyn y destruir el futuro de su familia”.
El viernes, AP envió correos electrónicos a los abogados de los acusados para solicitar sus comentarios.
Los fiscales afirman que los dos hombres secuestraron, agredieron sexualmente y estrangularon a la niña antes de abandonar su cuerpo en aguas poco profundas debajo de un puente. Su cadáver fue hallado en un arroyo el 17 de junio. Un médico forense concluyó que había sido estrangulada.
Martínez Rangel y Peña habían sido arrestados meses antes, cerca de El Paso, por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras ingresar al país sin documentación. Ambos fueron liberados y recibieron notificaciones para comparecer ante el tribunal en una fecha posterior.
Los republicanos utilizaron la muerte de Nungaray y otros casos en los que se acusó a inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente de cometer delitos violentos para criticar la forma en el presidente Joe Biden manejó la frontera entre Estados Unidos y México durante su administración.
En otro caso, José Ibarra, de origen venezolano, fue condenado a cadena perpetua el mes pasado por la muerte de la estudiante de enfermería de Georgia, Laken Riley.