Santo Domingo, (EFE).- Las Fuerzas Armadas garantizaron hoy al pueblo dominicano que aquellos de sus miembros que se aparten de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, "no encontrarán cobijo" en las filas militares y tendrán que responder ante la Justicia.
Un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa destacó que la "publicidad, atención y comentarios" con relación al caso de presunta corrupción que involucra a militares de alto rango de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional "ha provocado expresiones de preocupación y críticas" sobre el rol e integridad de las Fuerzas Armadas.
La información se produce horas después de concluidas las audiencias que conoce una jueza contra varias personas acusadas por el Ministerio Público de cometer presuntos actos de corrupción. El tribunal se reservó para el lunes la decisión sobre la petición de los fiscales de aplicar prisión preventiva contra cinco de los seis acusados.
"Consideramos que lo que se cuestiona en estos días es provocado por informaciones sobre alarmantes actividades delictivas que, de comprobarse en el sistema de justicia, no involucran a las instituciones militares ni a la generalidad de las mujeres y hombres que las componen", afirmó el comunicado.
La nota oficial aseguró que los miembros de las Fuerzas Armadas "son principalmente" personas con vocación de servicio, entrega y sacrificio, "orgullosas de la historia de las Fuerzas Armadas" y de la oportunidad que estas ofrecen para servir al país.
El comunicado, sin embargo, admite que las instituciones militares "no están exentas de los problemas generales que afectan a la sociedad".
El mayor general Adan Cáceres Silvestre, responsable de la seguridad del expresidente Danilo Medina; la pastora Rossy Guzmán Sánchez; el hijo de esta Tanner Flete Guzmán; el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército de República Dominicana, Raúl Alejandro Girón, y Alejandro Montero Cruz, son acusados de un presunto entramado de corrupción.
Concretamente, los supuestos delitos que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) les endilga son lavado de activos proveniente de actos de corrupción, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado dominicano, falsificación de documentos públicos, y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público, originalmente, había solicitado prisión de 18 meses para los seis imputados, pero este viernes varió esa petición sobre Girón, luego de que el mayor revelara la noche del jueves la manera en que supuestamente funcionaba el entramado de corrupción del que él admitió formaba parte.
En ese orden, el Ministerio Público pide ahora prisión domiciliaria en un lugar no identificado para Girón, por "asuntos de seguridad".
La Pepca ha denunciado que el mayor general Cáceres Silvestre es el presunto cabecilla de la red que supuestamente manejó más de 3,000 millones de pesos de origen ilícito durante los ocho años que permaneció al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP).