Santo Domingo.- El mayor Raúl Girón Jiménez salpicó de acusaciones a los demás implicados en el caso de corrupción militar denominada “Operación Coral” y al hacer mención a la red que, según él, encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silverio y responsabilizó al entramado de cualquier atentado a su seguridad física.
Pero no lazó acusaciones directas contra Cáceres Silverio y el director administrativo del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), coronel Rafael Núñez de Aza, sino que incluyó al actual director administrativo de la entidad, coronel Elvys Muñoz Peralta y al recién sustituido director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres Robiú.
Girón Jiménez dijo no tener miedo al grupo de militares imputados, pero dijo que los responsabiliza de cualquier atentado contra su vida o sus familiares.
«Ya no hay miedo. Se acabó el miedo», enfatizó Girón en un momento en que daba dramatismo a sus delaciones.
El imputado señaló que Muñoz Peralta era el auditor de Núñez de Aza en el CUSEP lo cual era una forma de garantizar la continuidad de las prácticas corruptas que describió a pesar del cambio de Gobierno.
Indicó que las mismas se mantienen en la actualidad porque los responsables de las mismas continuaban en el CUSEP y el CESTUR.
También señaló que tiene registrado en su WathsApp innumerables transacciones que debía hacer a nombre de la pastora Rossy Guzmán Sánchez a instancia del coronel Núñez de Aza, que según él era el brazo operativo del mayor general Cáceres Silverio en el manejo fraudulento de las nóminas del CUSEP y CESTUR, así como otros recursos que reciben esas entidades.
Reveló que Núñez de Aza le ordenó borrar todas las conversaciones de WathsApp, pero que él no lo hizo y que todas están ahora en manos del Ministerio Público.
Explicó cómo desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol dentro de la red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza.
El imputado describió los procedimientos fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cestur.
Al concluir su amplia exposición sobre las actividades de la organización, responsabilizó a los imputados y a otras personas, incluyendo a miembros de las citadas entidades de seguridad, sobre cualquier atentado contra su integridad física y la de su familia.
El pasado miércoles, luego de presentar la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público concluyó pidiendo que sean impuestos 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.