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Como un niño que gatea y que tras cumplir el primer año se espera que camine, pero no hace ni un “solito”, es como permanece en el tiempo la Educación en el país, pese a las cuantiosas inversiones e innumerables reclamos de la sociedad.
Es un renglón que en la República Dominicana es muy criticado debido al multimillonario presupuesto anual que recibe, hablamos del 4 % del PIB, sin embargo, aún los gobiernos no han encontrado la fórmula que logre mejorar la calidad en la enseñanza.
“El diagnóstico de nuestro sistema educativo es, sin duda, grave y no pienso maquillar tal condición, ni voy a con sentir que siga así”, resaltó el presidente Luis Abinader en su discurso de toma de posesión en agosto del 2020.
Al asumir el poder, el mandatario encontró al país sumergido en la pandemia del COVID19 con las escuelas estaban cerradas, posteriormente inició un programa de educación a distancia.
Desde su llegada al poder, el presidente ha planteado un ambicioso plan para mejorar la calidad educativa, reiteró que sometería al Ministerio de Educación a un proceso de reingeniería para incrementar su eficiencia y eficacia hasta eliminar los factores que facilitan la corrupción del sistema educativo. Pero en su gestión, al igual que en el pasado, se cuestionaron funcionarios de esta área.
Con la propuesta de transformación profunda planteada sobre la mesa, Abinader designó a Roberto Fulcar como ministro de Educación y este fue duramente criticado y cuestionado por presunta corrupción administrativa.
Durante la gestión de Fulcar se denunciaron una serie de irregularidades como la supuesta designación de 121 cargos inexistentes a nivel nacional, incluyendo a una de sus hermanas con un salario mensual de 80 mil pesos.
También se denunciaron supuestas anomalías en las licitaciones del desayuno escolar. Estas y otras acusaciones le costaron el puesto al exministro, a quien Abinader sustituyó en el año 2022 por Ángel Hernández Castillo.
A su llegada a Educación Ángel Hernández se mostró crítico en más de una ocasión de las deficiencias y situaciones que encontró en la entidad gubernamental. Hizo referencia a que habían muchas cosas que investigar como el gasto de 968 millones de pesos en 2018 en la compra de libros que nunca se utilizaron y hasta la falta de entrega de los productos comprados por ese Ministerio de parte de suplidores, lo que lo llevó a rescindir algunos contratos.
También denunció encontró pesonas en nómina que no trabajaban ganando hasta más de 200 mil pesos. Pero no se quedó ahí, ha criticado a los maestros por paro de docencia para exigir aumento salarial. Dijo que los docentes deberían exigirse más resultados en las aulas por los beneficios que ya reciben.
Pero Hernández al parecer, al igual que Fulcar, también ha estado en el ojo del huracán de críticas. Lo denunciaron por la asignación de un contrato de más de trece millones de pesos dominicanos a la Universidad de Adultos, de la cual es propietario, por parte del Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Magisterio (Inafocam), dependencia de la institución que dirige.
En el actual año escolar 2024-2025 cientos padres se han hecho eco de denuncias de faltas de cupos en las escuelas públicas del país, pese a que el presidente Abinader prometió que ningún dominicano sería excluido. Han hecho referencia de que la falta de espacios para los niños se debe a que los extranjeros haitianos tienen “preferencias” por el sistema.
A pesar de que el 4 % PIB del país está destinado a la educación, este no se invierte para mejorar la calidad de la enseñanza ni las infraestructuras. El impacto que tiene en la calidad del sistema educativo es de apenas un 5 % del monto global. Los demás se dedican a salarios de docentes y pensiones del ministerio.
Según las palabras del propio ministro Hernández, en la educación dominicana se han invertido millones de pesos y no se han obtenido los resultados ni avances significativos en materia de aprendizaje.
Mediante una nueva Ley General de Educación, la República Dominicana busca una reglamentación integral, inclusiva, equitativa y de calidad. Además de regular de manera óptima el sistema educativo preuniversitario dominicano.