El Gobierno de España aprobó un Anteproyecto de ley que modificará la actual norma de derecho a rectificación, con el objetivo de obligar a los influencers, youtubers, tiktokers y cualquier usuario con más de 100,000 seguidores en una red social o más de 200,000 en dos o más plataformas, a rectificar las informaciones falsas que publiquen.
Este cambio, aprobado por el Consejo de Ministros, establece que estos perfiles tendrán que cumplir con obligaciones similares a las de los medios de comunicación.
Deberán publicar rectificaciones o desmentidos, ofrecer derecho de réplica a los afectados y, en caso de compartir información que haya sido rectificada por otros medios, deberán informar sobre ello.
El Anteproyecto ahora pasará a ser tramitado en el Congreso.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros que, con el cambio en la ley, se ampliará de siete días a diez días el tiempo que tienen los afectados para solicitar la rectificación de una información.
Este mayor plazo afectará tanto a los medios de comunicación habituales como a los influencers o usuarios relevantes.
Además, las plataformas digitales deberán contar con un mecanismo fácilmente localizable para que los afectados por una información falsa pueda denunciar la noticia falsa.
La rectificación se pedirá directamente al influencers o cuenta que la haya publicado y, en el caso de la prensa, también podrá ir directamente al periodista en vez de al director del medio.
Asimismo, se mantendrá en la norma que el texto rectificativo que mande la persona afectada deberá publicarse íntegramente y con una relevancia semejante a la de la publicación original.
La nueva norma ampliará el derecho de rectificación a personas con familiares fallecidos a los que afecte la información.
“Es necesario garantizar que los derechos de cualquier ciudadano estén protegidos frente a injerencias, desinformaciones e informaciones retorcidas e inexactas publicadas en medios de comunicación o difundidas por usuarios de especial relevancia en redes sociales y plataformas digitales”, ha destacado Bolaños.
Todos estas nuevas obligaciones entran dentro del Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno anunció el pasado mes de julio por el que, entre otras medidas, se exigirá a los medios de comunicación que haya transparencia sobre quiénes les financian o quiénes son los dueños reales de los mismos.
Dentro de este plan, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, señaló que se pondrían en marcha iniciativas para luchar contra la desinformación y los bulos que corren por las redes sociales.
“El consumo reiterado de noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha”, dijo entonces Sánchez.
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo entra a regular las obligaciones para influencers. Desde junio de este año, aquellos creadores de contenido que ganen más de 300.000 euros al año a través de las redes sociales y que tengan un millón de seguidores en una red o más de dos millones de forma acumulada en distintas, deben cumplir con las mismas obligaciones en materia de publicidad que si fuesen un canal de televisión.
Es decir, queda prohibida la publicidad subliminal, deben informar de forma clara de cuándo están promocionando un producto o servicio, y no podrán publicitar alcohol o juego online, más que en el horario permitido.