Antes de la licitación del Proyecto de Modernización y Gestión del Sistema Integral de Semáforos del Gran Santo Domingo, una carta enviada a las oficinas del Intrant el 17 de mayo de 2023, advertía al entonces director Hugo Beras sobre la importancia de mantener bajo estricta confidencialidad la plataforma de semáforos, que debía ser controlada exclusivamente por el Estado Dominicano debido a su naturaleza "altamente sensible" para la seguridad nacional.
A pesar de esta clara advertencia del director del DNI, Luis Soto, Beras decidió continuar con la firma de un contrato con Transcore Latam S.R.L., un acuerdo que no solo contraviene las recomendaciones, sino que también ha llevado a serias imputaciones legales.
La carta subrayaba que cualquier acceso externo no controlado podría poner en riesgo infraestructuras críticas, como la red semafórica que regula el tráfico en una de las ciudades más importantes del país. La advertencia fue explícita: la confidencialidad y el control estatal eran esenciales para prevenir amenazas a la seguridad vial y al orden público. Sin embargo, Beras, junto con su jefe de gabinete, Frank Atilano Díaz Warden, ignoró estas recomendaciones y firmó el contrato el 19 de junio de 2023, a pesar de estar previamente advertidos sobre posibles irregularidades.
El escándalo se intensificó con la denuncia de apropiación indebida presentada por el vicepresidente senior de Transcore, Michael R Mauritz, quien negó cualquier relación con la empresa. Este escenario se complicó aún más cuando se presentó evidencia de que la empresa había utilizado información técnica no autorizada para participar en el proceso licitatorio, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de su contrato.
Además, se detectaron irregularidades en la instalación de equipos en 305 intersecciones, donde el 90% de los componentes no coincidían con lo prometido en la prueba de concepto. Se reportó que muchos de los equipos llevaban nombres diferentes, lo que añade una capa de complicidad y desconfianza a un proceso que ya estaba rodeado de controversias.
Las decisiones de Hugo Beras no solo han desatendido las advertencias legales y técnicas, sino que también han puesto en jaque la seguridad del tráfico en Santo Domingo, resaltando la gravedad de gestionar un proyecto tan crítico fuera del control estatal. La situación plantea un interrogante sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la protección de infraestructuras clave y la necesidad de un escrutinio más riguroso en la asignación de contratos gubernamentales.