El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia condenó a seis años y tres meses de prisión al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por el oficialismo de causar perjuicios al Estado al aprobar más de un centenar de contratos con empresas petroleras multinacionales sin la autorización del Parlamento nacional.
El Ministerio de Justicia aplaudió en un comunicado divulgado este martes la "histórica sentencia" emitida en el caso conocido como ‘Petrocontratos’, dictada en el marco de un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y tres exministros.
La institución sostuvo que el juicio se llevó a cabo con el objetivo de "combatir la impunidad en delitos de corrupción que han afectado gravemente la soberanía, el patrimonio y los intereses del país en gestiones previas, intentando imponer un modelo neoliberal, esencialmente capitalista y mercantilista en la gestión de la economía".
Además de Sánchez de Lozada, los exministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López fueron condenados a cinco años de prisión por los delitos de "conducta antieconómica e incumplimiento de deberes".
«Estos delitos se cometieron al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin la autorización del entonces Poder Legislativo, en franca violación a la normativa constitucional y legal vigente en el momento de los hechos acusados», mencionó el ministerio.
El TSJ dispuso que cumplan las penas en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano de La Paz, y también les inhabilitó para ejercer funciones públicas durante cinco años.
El ministerio destacó que el fallo judicial es un "acto de justicia esperado y anhelado" y también "habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados", quienes residen fuera del país.
Sánchez de Lozada, de 94 años, vive en Estados Unidos desde 2003, cuando renunció a la presidencia y abandonó Bolivia en medio de la convulsión social conocida como el ‘octubre negro’, que resultó en más de 60 muertes.
Estas muertes ocurrieron durante la represión militar y policial de la revuelta social contra la decisión del exgobernante de exportar gas natural boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno.
El caso ‘Petrocontratos’ investigó a las exautoridades por haber supuestamente favorecido a empresas petroleras extranjeras, causando un daño económico al Estado al aprobar contratos sin la autorización del Congreso.
La primera acusación en este caso fue presentada en 2005 por el expresidente Evo Morales (2006-2019) cuando era diputado y fue aprobada por la mayoría oficialista en el Legislativo en 2010.
En 2015, la Fiscalía General del Estado presentó una acusación formal ante el TSJ contra Sánchez de Lozada y los exministros.
La acusación también alcanzó al expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), aunque posteriormente fue excluido del proceso por una amnistía otorgada por Morales en 2018 para que colaborara libremente en la centenaria reclamación marítima boliviana ante Chile.
Quiroga siempre ha rechazado la acusación y ha afirmado ser perseguido por el entonces Gobierno de Morales.
El Ministerio de Justicia señaló que la amnistía otorgada por Morales a Quiroga «siempre merecerá cuestionamientos históricos».