La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro ha iniciado una investigación contra Jorge Torres Saravia, un dirigente político acusado de haber establecido una presunta red de prostitución en el Congreso de Perú durante su gestión como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Fue destituido de su cargo la semana pasada.
La Fiscalía ha solicitado a la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional que realice las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Hasta el momento, las presuntas víctimas de explotación sexual no han sido identificadas.
El escándalo en Perú comenzó el 9 de diciembre, cuando la abogada Andrea Vidal, quien trabajaba en el Congreso, fue asesinada a tiros mientras viajaba en un taxi. Los sicarios dispararon un total de 40 balas.
Una investigación del programa 'Beto a Saber' reveló que Vidal, de 28 años, reclutaba a mujeres para que ocuparan puestos como secretarias, asesoras o administrativas en el Congreso, sin importar su experiencia, con el verdadero objetivo de que se prostituyeran con los legisladores.
Torres Saravia, su superior, había sido denunciado por abuso sexual hace dos años, aunque la causa no progresó. Sin embargo, tras una pelea en septiembre, él la despidió del Congreso. La investigación sugiere que el político podría ser responsable del atentado contra Vidal, dado que ella poseía información comprometedora sobre la supuesta red de explotación. La mujer falleció el martes.
Implicaciones Políticas
El caso también involucra al expresidente del Congreso, Alejandro Soto, quien, según la investigación, contrataba a prostitutas que visitaban su despacho. Saravia y Soto son miembros de Alianza para el Progreso, el partido conservador liderado por César Acuña, quien enfrenta acusaciones por lavado de dinero y corrupción.
Tras el estallido del escándalo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, despidió a Torres Saravia, afirmando: "Rechazamos categóricamente estos sucesos que afectan la moral, la decencia y la imagen del Congreso de la República."
Además, Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, anunció el inicio de una investigación interna sobre la presunta red de prostitución, comenzando con la solicitud de informes a la Dirección de Recursos Humanos y la comparecencia de Torres Saravia, quien hasta ahora ha negado las acusaciones, argumentando que no realizó las contrataciones.